Una jueza decretó la suspensión cautelar de la demolición prevista para hoy
Todo estaba preparado para afrontar lo inevitable. Durante la mañana de ayer, la asociación de vecinos de Ombre, en Pontedeume, repartía por las viviendas de la zona papeles convocando a una concentración que debía celebrarse a las 09.30 horas de esta mañana. El objetivo era evitar el derribo de la primera de las ocho viviendas de Nogueirosa consideradas ilegales por sentencia judicial pero que recibieron licencia municipal entre los años 1999 y 2002.
Los afectados agradecen el apoyo, pero ya no será necesario que acudan. El recurso presentado ayer por el propietario, José González Abella, ante un juzgado coruñés, distinto del que lleva el caso y que ordenó la demolición, que se encuentra de vacaciones, fue admitido a trámite. La jueza que lo preside decretó la suspensión cautelar del derribo mientras no resuelve el recurso y a menos de 24 horas de su ejecución, dando un respiro a los propietarios, que han logrado el ansiado aplazamiento.
Son varias las alegaciones incluidas en el recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales: la proximidad de modificaciones en el planeamiento urbanístico y el agravio comparativo que supondría con casos similares -el plan general de ordenación municipal está en fase de aprobación y se anuncia la revisión de la Lei do Solo de Galicia-, el incumplimiento del derecho a la inviolabilidad domiciliaria y el derecho a la intimidad personal y, además, que el acuerdo de demoler la vivienda no fue notificada a los afectados.
Motivos para la esperanza
El aplazamiento del derribo que el Concello eumés tenía previsto ejecutar hoy ha sido acogido con emoción por González Abella y su familia. «Estamos muy contentos», resumía ayer este jubilado tras regresar de A Coruña con la noticia. «Esto no quiere decir que vayan a legalizar la situación de las viviendas, pero hay posibilidades. Ahora hay que esperar», señaló esperanzado.
No está claro cuánto durará la tregua. Por el momento, mañana las partes están citadas para un encuentro tripartito entre la representación de la Xunta, del Concello y del propietario, reunión en la que se hablará del recurso y también de cuánto puede durar el aplazamiento.
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