El Concello paraliza cualquier obra en la fábrica de lápices para definir sus usos futuros

La Voz

FERROL

26 ago 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

El Ayuntamiento ha paralizado cualquier intervención urbanística en la antigua fábrica de lápices Hispania, en el barrio de Ferrol Vello, para poder analizar el futuro de ese espacio y ver si puede convertirse únicamente en un espacio público, si se compatibiliza con una promoción urbanística o si se buscan otras soluciones. Por lo pronto, el departamento que dirige Miguel Reimúndez (IU) estudia las posibilidades abiertas para ese espacio después de que no se llevara aún a pleno una modificación puntual del plan urbanístico que se aprobó inicialmente en Comisión de Urbanismo a una semana de las elecciones municipales.

Esa modificación contemplaba la reserva de unos 200 metros cuadrados en el suelo de la fábrica para uso dotacional público, aceptando parcialmente una alegación que habían presentado vecinos, IU y el colegio de arquitectos. Se trataba de preservar de esa manera parte de la fábrica, especialmente su fachada, que los especialistas valoran como parte del inventario arquitectónico industrial de la ciudad. La propia asociación vecinal de Ferrol Vello ha propuesto que ese espacio se dedique en su integridad a usos públicos como centro cultural que podría asumir alguna compañía financiera para su obra social, como Caixanova.

En su programa electoral IU defiende que la fábrica de lápices se convierta en un centro sociocultural «de referencia» para todo el área urbana. Incluso se defiende que sea la Casa das Asociacións donde la participación ciudadana se materialice en una institución.

Esa modificación del plan urbanístico se llevó a aprobación por el que fuera edil de Urbanismo Guillermo Evia (PP). Porque la constructora Jerpu, que adquirió ese solar, preveía en ese lugar alrededor de un centenar de viviendas de precio libre y sin necesidad de reserva de espacios públicos. Para ello se basaba en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que observó que esa reserva no era necesaria.

La constructora solicitó la licencia de obras al Ayuntamiento en el año 2000.