¿Qué son unas «fiestas populares mundiales»? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver una inmobiliaria con un supuesto estudio sobre la «viabilidad» de montar no se sabe dónde esa gran celebración planetaria? Pues Iñaki Urdangarin logró en junio del 2009, cuando ya supuestamente estaba apartado de cualquier actividad privada, a excepción de su trabajo para Telefónica, que su inmobiliaria Aizoon cobrara 30.000 euros por ese estudio. O, al menos, la empresa que comparte con la infanta emitió una factura por la «planificación y coordinación» de esa supuesta «auditoría» fiestera.
Según el sumario, al duque y a su socio no los paraba nada. En el año 2005 tampoco vieron problema para hacerse con 34.375 euros de la Generalitat de Cataluña por prestar apoyo técnico para el desarrollo de proyectos relacionados con la cooperación sanitaria, materia en la que no tenían la más mínima experiencia. Dio igual, el tándem se presentó como una organización experta en «ciencias de la salud y de la vida». Ni el yerno del rey ni su avispado socio tuvieron el menor problema en enriquecerse por un supuesto estudio que prometía «ordenar la atención sanitaria individual a personas de países en vías de desarrollo».
Lo de ampararse en los más débiles no es una novedad. Ya se sabía que ambos usaron la fundación de niños discapacitados para evadir dinero a Belice, lo que no se conocía es que esa organización compró un velero para pasear a los pequeños enfermos, que terminó el pasado verano en manos Diego Torres y su familia, después de un acuerdo interno entre el duque y su socio y amigo.
Nada sorprende ya a los investigadores. Ni siquiera que Iñaki Urdangarin facturara 3.093 euros al Gobierno balear por un «juego de postales» del equipo ciclista Illes Balears.
Por otra parte, el expresidente balear Jaume Matas volvió a reclamar ayer que el caso de Urdangarin sea asumido por la Audiencia Nacional.