Llorenç Morell, que asesinó a su esposa asestándole 10 puñaladas, cumple su pena en una cárcel catalana pero cobra cada 593 euros.
08 dic 2011 . Actualizado a las 22:02 h.Problemas de coordinación en la Administración pueden provocar casos que son difíciles de entender. Llorenç Morell, condenado en 2005 a 18 años de prisión por el asesinato de su mujer, Consol Galcerán, cobra todos los meses una pensión de viudedad de 592,92 euros, además de las dos pagas extraordinarias. Morell, que mató a su esposa de 55 años asestándole 10 puñaladas y luego simuló que había sido asaltada por unos ladrones, cumple su pena en una cárcel catalana, pero prácticamente desde que cometió el crimen el 21 de julio de 2005 se ha embolsado 40.000 euros procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Y es que se sospecha que Morell, de 61 años, que tardó tres meses en confesar el asesinato de su mujer, una conocida cocinera de Sils (Gerona), habría aprovechado esos 90 días en los que se hacía pasar por un viudo desconsolado para tramitar su pensión.
Los familiares de la víctima han calificado el caso de «escandaloso e inadmisible». Más aún cuando fue la propia administración, a través de su Delegación especial contra la violencia de género, también perteneciente al Ministerio de Trabajo, la que ejerció la acusación particular en el juicio contra Llorenç Morell, que confesó que mató a su mujer porque suponía un «impedimento» para su relación con una amante.
Los hermanos de Consol Galcerán denuncian además que a pesar de los 40.000 euros que ha cobrado el agresor en estos seis años, el hombre que asesinó a su mujer con un cuchillo y la dejó muerta en una cuneta, en una carretera secundaria de Sils, no ha pagado ni un céntimo de los 85.000 euros de indemnización que el juez le impuso a favor de los familiares.
Para acabar de cerrar el círculo de la chapuza administrativa, el diario El Punt informó esta martes que la Audiencia de Gerona solicitó información a la Seguridad Social sobre si el condenado estaba recibiendo alguna pensión para ordenar su embargo y hacer frente a las indemnizaciones.
La respuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social fue que sí está cobrando una ayuda pública (por viudedad) y que no ejecutará el embargo porque la prestación es inferior al salario mínimo interprofesional.
Por ello, amparándose en una norma de la propia Seguridad Social, que establece que «quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión» (Ley 40/2007), los familiares de la víctima ya han llevado el caso a los tribunales.
«Ante esta situación escandalosa, he hecho un escrito a la Audiencia para pedir que se le deje de pagar y para que se averigüe qué ha hecho con los 40.000 euros», expresó este jueves Carles Monguilod, abogado de los hermanos de la víctima. El letrado quiere que se abra una investigación para saber si los 40.000 euros se han gastado en partidas ajenas a la indemnización de los familiares, lo que podría «constituir un delito de insolvencia punible», según Monguilod. «Pero más allá de la responsabilidad de la persona que está cobrando está pensión, hay una responsabilidad de tipo moral», concluyó.