Rubalcaba cambiaría la ley para blindar los estatutos avalados por referendos

Enrique Clemente Navarro
enrique clemente REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

20 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El domingo, Alfredo Pérez Rubalcaba llamó a los catalanes a defender su modelo de inmersión lingüística después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña urgiera a la Generalitat para que el castellano sea lengua vehicular en la escuela. El candidato socialista hizo ayer otro guiño al que fue decisivo granero de votos de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas elecciones y se comprometió a cambiar la legislación para que el Tribunal Constitucional no pueda corregir un estatuto de autonomía que ha sido avalado en referendo, como sucedió con el catalán. Aseguró que «no es razonable» ni tiene «lógica política» que se pronuncie después de que los ciudadanos ya lo hayan hecho en las urnas.

Al igual que hizo el día anterior, cargó contra Mariano Rajoy por practicar un «doble discurso», «poner cuñas en la radio hablando mal de Cataluña y luego venir aquí y decir que no pasa nada; firmar recursos de inconstitucionalidad que dan pie a una litigiosidad excesiva y luego decir que no pasa nada». También le afeó que «haga guiños a cosas que sabe que no va a hacer nunca», en alusión a que no cierre la puerta a negociar el pacto fiscal con Cataluña que pretende Artur Mas.

Oficina contra el fraude

Cataluña podría resultar decisiva para que el PSOE evite el desastre que prevén todas las encuestas. En el 2008 obtuvo 25 de sus 169 diputados en esta comunidad, por solo 7 del PP. Una diferencia de 18 escaños que resultó fundamental, porque la distancia entre los dos grandes partidos fue de 15. Por tanto, no es de extrañar que Alfredo Pérez Rubalcaba trate de recuperar al electorado perdido en las elecciones autonómicas, contando con que en las generales el voto socialista sube sensiblemente.

Al margen de este cortejo a Cataluña, el ex vicepresidente propuso crear una oficina para combatir el fraude fiscal. Según dijo, permitirá «conectar las bases de datos de Hacienda, de la Seguridad Social y de la policía y los cuerpos de seguridad autonómicos», que en la actualidad no está «suficientemente coordinadas». Esto supondrá, según Alfredo Pérez Rubalcaba, «declarar la guerra al fraude fiscal».