Renunció a su sueldo de diputado, pero se aferra a la condición de aforado
02 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Francisco Camps exprime sus posibilidades. Es verdad que el Estatuto valenciano establece el derecho de los expresidentes a disponer de hasta dos asesores y un conductor, adscritos orgánicamente a la Presidencia de la Generalitat, así como la posibilidad de disfrutar de un vehículo oficial y de unas dependencias adecuadas para instalar una oficina de apoyo en condiciones.
La Consejería de Presidencia emitió una resolución, publicada ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), por la que nombra una asesora y un conductor al servicio del expresidente, que dimitió de su cargo el pasado 20 de julio tras ser procesado por recibir supuestamente regalos de empresas de la trama corrupta Gürtel.
Así, la Generalitat designa a Susana Fayos Cabañero, quien ya era secretaria particular de Camps mientras estaba al frente del Consejo de Gobierno, como asesora, «con unas retribuciones equivalentes a secretaria del president», y como conductor a su servicio a Francisco Campos Ibáñez, quien por entonces también era su chófer.
Los nombramientos, según recoge la agencia Efe, están firmados por la consejera de Presidencia y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, a propuesta del propio Camps y de acuerdo con lo que establece el estatuto de los expresidentes valencianos.
El dimisionario también se acogió a otra de las prerrogativas que le atribuye esta ley y solicitó su ingreso en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC), como miembro nato de un órgano en el que actuará con voz, pero sin voto. De hecho, ya renunció a su sueldo como diputado, y aunque la lógica indica que debería dejar su acta en la Cámara autónoma, Camps parece resistir a las presiones de su partido y aferrarse a la condición de aforado.
«Un presunto inocente, que creo que [Camps] lo es, tiene derecho a aquello que la ley le otorga», defendió el dirigente del PP Esteban González Pons.