PSOE y PP pactan en el Senado prohibir a los agentes participar en protestas públicas de carácter «político o sindical» aunque no vayan de uniforme.
04 jul 2011 . Actualizado a las 21:48 h.Los guardias civiles no podrán ni asistir y mucho menos promover manifestaciones de carácter «político o sindical». Aunque no vayan de uniforme no podrán participar jamás en una protesta pública de carácter reivindicativo. Socialistas y populares han pactado en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, sin ningún tipo de publicidad, una enmienda conjunta a la Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, que veta definitivamente el derecho de los agentes a manifestarse e iguala a todos los efectos su situación con la de los miembros de la Fuerzas Armadas.
La iniciativa encendió a las asociaciones profesionales del cuerpo que, lejos de esperar que se recortaran sus derechos, llevan años reclamando que estos se amplíen con el reconocimiento al derecho de sindicación o de huelga. La propuesta se debatirá este martes en cámara alta y si no cambian las tornas se aprobará con los votos de los dos partidos minoritarios. La reforma, en esencia, deja en papel mojado las mejoras que introdujo la Ley Orgánica Reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, que en 2007 legalizó el derecho de manifestación, aunque de manera muy restringida. El artículo 8 de esa normativa exclusivamente prohibía a los funcionarios «organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical» o «asistir manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario ni portando armas».
El PSOE y el PP, que abogan por derogar este artículo, recuerdan en su enmienda conjunta el carácter militar del instituto armado, por lo que aseguran que a los guardias, en este punto, deben acogerse a la nueva Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. El artículo 12 de ese texto va mucho más allá que el de la Guardia Civil, pues establece que los uniformados «no podrán organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical».
Según explicaron fuentes parlamentarias, el acuerdo entre los dos partidos no ha sido complicado, ya que antes del anteproyecto del Gobierno había una enmienda del PP en junio, que luego retiró, en la que se reclamaba que la ley militar fuera aplicada a los miembros de la Guardia Civil.
Monumental enfado
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el colectivo que enero de 2007 movilizó a miles de agentes para que se manifestaran vestidos de uniforme en el centro de Madrid a fin de reclamar más derechos para los funcionarios, mostró hoy su más rotunda oposición a la enmienda. Esta asociación, mayoritaria en el cuerpo, denunció que a los guardias se les veta un derecho que «ni siquiera al entorno de ETA se le cuestiona». El colectivo responsabilizó en un comunicado al ministro del Interior del recorte y cargó en términos muy duros contra Alfredo Pérez Rubalcaba. «A los guardias civiles no sólo se les siguen hurtando derechos, sino que además, Rubalcaba -ese político que utiliza todos los resortes que el Estado ha puesto a su disposición, en beneficio propio y de su partido y que no duda en cambiar de postura aunque ello suponga incurrir en faltar a los compromisos adquiridos- no tiene pudor democrático alguno en situar a los guardias civiles en los estadios más bajos de ciudadanía, muy similares a los que tenían los guardias civiles en la dictadura».
«Rubalcaba, que parece haber descubierto la utilidad de la sumisión absoluta, ha comulgado con las ideas más retrogradas y arcaicas, que sólo representan a los que quieren una Guardia Civil al margen del Estado, una Guardia Civil de siglos pasados», denunció la AUGC, que tildó al vicepresidente de «pijo que va de rojo y con ansias de poder ilimitadas».
Según el colectivo, el ministro del Interior ha sido el artífice de «provocar ese pacto antinatural PP-PSOE» para introducir una enmienda en una ley de contratación del sector público «que nada tiene que ver con la regulación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española» para dar un auténtico «golpe de estado institucional».
«Parece que Rubalcaba no se entera que en España muchos estamos 'indignados' y reclamamos Democracia Real, también para los guardias civiles», explicó la asociación antes de acusar al PSOE de «engañar» a la Guardia Civil por no desarrollar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, como había prometido.