Las comunidades son incapaces de cumplir sus compromisos de gasto
12 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El vuelco político en las pasadas elecciones autonómicas y municipales ha dado paso a una batalla entre el PSOE y el PP en torno a la situación financiera de las autonomías. Populares y socialistas se arrojan públicamente a la cara deficiencias e irregularidades en la gestión de las comunidades que han gobernado hasta ahora. Pero más allá de la bronca política, los últimos datos sobre el déficit, el incremento del gasto público y el crecimiento de la deuda en las autonomías ponen en cuestión su capacidad para hacer frente a sus competencias y sus obligaciones de gasto con el actual sistema de financiación.
Un modelo que ha funcionado con relativa estabilidad desde que hace 33 años la Constitución de 1978 consagró el Estado autonómico se ha visto violentamente sacudido por una crisis económica internacional que pone en duda la propia viabilidad de la actual organización territorial del Estado. El dato más alarmante para los expertos y para los propios mercados, que tienen en su punto de mira a las comunidades -incluso más que al Gobierno central- es la incapacidad que están demostrando para contener el déficit, un elemento crucial para hacer frente a la crisis. Las autonomías pactaron con el Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un límite del 1,3% de déficit para el ejercicio 2011. Pero en los tres primeros meses de este año algunas se han situado ya al borde de ese máximo anual y la mayoría han superado el porcentaje que les correspondería para este primer trimestre. El déficit conjunto de las autonomías alcanza en este período el 0,46% del PIB, lo que indica que en tres meses han consumido ya un tercio de lo previsto para todo el año. Y todo indica que el segundo trimestre será todavía peor.
Financiación insuficiente
El problema de fondo que reconocen algunos presidentes autonómicos es la imposibilidad de frenar inversiones y compromisos de gasto que se han generado en épocas de mayor bonanza económica. Mientras el Gobierno central tiene mayor capacidad para reducir presupuesto en asuntos como las infraestructuras, que se llevan la mayor parte de su gasto, las autonomías lo tienen más difícil. La paralización de proyectos e inversiones que afectan a la sanidad o la educación, transferidos con una financiación insuficiente, tendría efectos muy negativos en términos sociales y un elevado coste político para los Ejecutivos regionales. Lo mismo ocurre con el pago de las prestaciones por dependencia, que las autonomías asumieron sin contraprestación económica suficiente por parte del Estado.
El resultado es que, a pesar de las llamadas a la contención y de sus propios compromisos, el gasto de las autonomías se ha incrementado un 5,44% de media. La situación se agrava con el alarmante descenso de los ingresos de las comunidades, que promedia ya un 2,3%. Y ello a pesar de haber recibido por primera vez el 50% de los principales impuestos nacionales.