Afirma que Sonia Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar a un constructor.
04 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del Plan de Urbanismo. Según el sumario del caso Brugal, del que se levantó ayer el secreto sobre las actuaciones, Anticorrupción considera que Castedo -entonces edila de Urbanismo- y Díaz Alperi diseñaron y resolvieron «a la medida» del constructor Ortiz (máximo accionista del Hércules Club de Fútbol) «aspectos relevantes» de la redacción del plan y, además, que recibieron «dádivas» o «pagos». La pieza separada que investiga las supuestas ilegalidades en el PGOU es una de las cerca de veinte ramificaciones de la operación Brugal.
Se da la circunstancia de que Castedo y Díaz Alperi fueron elegidos en las urnas el pasado 22 de mayo como diputados en la Cortes valencianas.