Considerará determinante el dominio del idioma para otorgar la residencia
16 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.A algo más de dos meses de las elecciones municipales, la inmigración vuelve al primer plano de la política catalana, como ya sucedió en las autonómicas. La Generalitat anunció ayer que considerará el conocimiento de la lengua catalana como un «requisito muy determinante» para que los inmigrantes obtengan el certificado de integración que establece la ley de acogida. Servirá para avalar su «esfuerzo de integración» en la sociedad catalana en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación de residencia.
Así lo explicó su portavoz, Francesc Homs, que señaló que el Ejecutivo de Artur Mas dejará de lado el discurso «buenista» del tripartito en materia inmigratoria y apostará por el cumplimiento de los derechos y los deberes, haciendo especial hincapié en estos últimos.
Opiniones racistas
En ese sentido, dijo que aplicará lo que prevén las leyes de acogida y extranjería. Homs arremetió contra el tripartito para justificar los resultados del sondeo que hizo público el lunes el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que refleja que uno de cada cuatro catalanes expresa opiniones racistas o muy intolerantes respecto a la inmigración, porque «siete años sin proyecto tienen consecuencias».
«El catalán es la mejor manera de medir el nivel de integración», aseguró Homs, que evitó ponerlo como condición para que los inmigrantes renueven sus contratos de residencia y arraigo.
En este sentido, la defensora del pueblo en funciones, María Luis Cava de Llano, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acogida, al considerar que establece una preferencia lingüística en favor del catalán sobre el castellano en relación a los inmigrantes.
El Parlamento catalán aprobó el 28 de abril del 2010 la ley de acogida, que faculta a la Generalitat a acreditar la integración prevista en la última reforma de la ley de extranjería, en concreto en los trámites de arraigo, renovación de las autorizaciones de residencia temporal y de acceso a la nacionalidad por residencia. La Generalitat lograba así la competencia para dar certificados de acogida a los inmigrantes con eficacia jurídica, que pueden utilizarse como prueba de su integración ante el juez para acceder a su regularización. La ley hace del catalán la «lengua común» de acogida de los inmigrantes.