Una eventual reclamación de los perjudicados por la clausura del diario podría costarle al Estado 60 millones
13 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La orden judicial de cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria en febrero del 2003 «no tenía cobertura constitucional directa» y «carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara». Además, la clausura no estaba justificada porque no había pruebas de que el diario fuera un proyecto auspiciado por ETA, de que la banda nombrara a los responsables del rotativo o de que este desviara dinero a la organización terrorista.
Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dictó ayer una sentencia en la que absuelve a los cinco directivos del periódico acusados de pertenencia a ETA, y en la que pone en duda la legalidad de la decisión del entonces juez instructor, Juan del Olmo, de dejar a los lectores vascos sin la única publicación diaria en euskera.
El ponente del fallo, el presidente Javier Gómez Bermúdez, es tajante en las conclusiones: no hay ni una sola prueba de que «los procesados tengan la más mínima relación con ETA», a pesar de que el Ministerio del Interior, dirigido por Ángel Acebes en el 2003, acusó públicamente a los responsables del rotativo de haber convertido el periódico en un «instrumento» de la banda. El tribunal absuelve así al presidente del consejo de administración, Juan María Torrealday; a los consejeros José María Auzmendi, Ignacio María Uría y Marcelo Otamendi, y al redactor jefe Javier Oleaga.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia reclamaban para ellos penas de entre 12 y 14 años de cárcel en un proceso en el que la Fiscalía no acusaba por no ver indicios delictivos.
Críticas al instructor
Al margen de las absoluciones, los magistrados critican la decisión de Del Olmo de ordenar el cierre temporal del periódico cuando tampoco «ha sido acreditado ni directa ni indirectamente que haya defendido los postulados de la banda, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado».
La sentencia recuerda que los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos en el juicio «reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA», sino un posible allegamiento de fondos. Así, el tribunal asegura que «no se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita». Del mismo modo, certifica que no hay ni rastro de que el periódico fuera una fuente de ingresos para los terroristas, como sostenía la Guardia Civil. «No consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a ETA», afirma el texto.
La investigación del instituto armado, cuyo trabajo sale malparado en la sentencia, tampoco pudo probar que los responsables de Egunkaria «recibieran órdenes de esta [ETA] o que sus cuadros dirigentes fueran designados, colaboraran u obedecieran las consignas de la banda».
El coste que podría suponer para el Estado el cierre del diario podría ascender a 60 millones de euros, según la asociación Dignidad y Justicia, que señaló que ese dinero servirá para financiar el entorno de ETA. Así lo explicó el presidente de esta asociación, Daniel Portero, ante la posibilidad de que los cinco directivos absueltos exijan responsabilidad patrimonial por el cierre del periódico y sus detenciones.