Privilegios que generan desconfianza en tiempos de crisis

La clase política, esa que preocupa a los españoles más que el terrorismo, está formada por cerca de 80.000 personas. La gran mayoría de ellas son concejales y alcaldes, casi 74.000 en toda España. Este enorme número de ediles, unido a una legislación urbanística que deja en sus manos la toma de decisiones que implican negocios de miles de millones de euros, es lo que provoca que la mayor parte de los casos de corrupción conocidos estén vinculados a los ayuntamientos.

La inmensa mayoría de los concejales españoles son honrados. Pero las cantidades que se mueven gracias a los que se corrompen son enormes. Estudios policiales recientes han determinado que la corrupción urbanística genera en España más dinero que la droga.

El segundo colectivo más numeroso de la clase política son los parlamentarios autonómicos, 1.206 en total, seguido de los diputados provinciales (1.031), diputados nacionales (350), senadores (264), responsables de cabildos y consejos insulares (139) y europarlamentarios (54). Sin contar la multitud de asesores a los que por ley tienen derecho a contratar, los sueldos de los cargos electos cuestan a los españoles un total de 720 millones de euros al año. Una cantidad que justifica con creces la exigencia ética que los ciudadanos aplican a sus representantes.

Además de sus sueldos, el desafecto creciente hacia los políticos está marcado también por el conocimiento de los privilegios de los que gozan en comparación con el resto de los trabajadores. Unas prebendas que, en tiempo de crisis, resultan especialmente incomprensibles para el ciudadano común. En el libro La Casta, el periodista Daniel Montero ha recopilado los datos que configuran lo que denomina «el increíble chollo de ser político en España». Diputados y senadores son los examinados con mayor celo, dada su relevancia pública. Entre sus privilegios se encuentra el hecho de que tengan asegurado el viajar siempre gratis en avión, tren o barco. Ni siquiera tienen que adelantar el gasto. El Parlamento se lo abona al transportista. Si viajan en su propio coche, se les pagan 0,25 euros por kilómetro.

Pensión con solo siete años

Pero, por si alguno no dispone de coche oficial o no tiene el suyo a mano, la Cámara entrega a cada parlamentario una tarjeta con la que pueden gastar hasta 250 euros mensuales en taxis en Madrid. Además, cada vez que realizan un viaje oficial reciben 120 euros diarios adicionales si es en España y 150 si es en el extranjero. En pleno debate sobre el futuro de las pensiones y el retraso en la edad de jubilación, sorprende conocer que un diputado o senador necesita trabajar solo siete años como parlamentario para tener derecho a la jubilación máxima de 32.000 euros anuales. Para obtener esa misma pensión, un ciudadano normal debe cotizar al menos 35 años y quince de ellos con la base más elevada, que ahora se pretende aumentar a 25.

Durante esos siete años de actividad parlamentaria, sus aportaciones a la Seguridad Social se cargan a los presupuestos del Congreso o Senado en lugar de a sus nóminas, como el resto de los españoles. Al margen de ello, casi un tercio de sus sueldos está exento de tributación fiscal, ya que se percibe en forma de dietas e indemnizaciones.