La Fiscalía pedirá la máxima pena por el delito de colaboración con banda armada para dos presuntos etarras que serán juzgados el jueves en la Audiencia Nacional por recabar datos para preparar el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, acaecido en Vitoria en octubre del 2002. El fiscal solicita 40 años para los acusados como cooperadores necesarios de un delito de asesinato terrorista y otro de estragos. Casado falleció como consecuencia de la explosión de una bomba lapa que ETA había colocado en su vehículo, que se encontraba aparcado en el garaje de su vivienda. El Ministerio Público considera probado que Juan Carlos Subijana, miembro de los «comandos de información» de ETA, captó a Zigor Bravo, que residía en el mismo edificio que el funcionario de prisiones, una vecindad que facilitó el trabajo. El comando terrorista tenía «datos precisos» con la dirección exacta de la víctima, su vehículo, la ubicación de su plaza de garaje y una llave para acceder al mismo recinto. Subijana trasladó toda esta información a ETA. El informador fue detenido en Francia y condenado a seis años de cárcel por pertenecer a la banda.