Una investigación secreta, llevada a espaldas del Ministerio del Interior, lleva hasta el jefe de la Policía como autor del chivatazo que alertó a la red de extorsión de ETA
24 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Contra viento y marea, en secreto y de espaldas al Ministerio del Interior. Casi marginados y con el punto de mira puesto en sus más altos superiores, a los que llegaron a pinchar los teléfonos móviles para descubrir a los soplones. Los informes secretos del chivatazo a ETA remitidos al juez Baltasar Garzón permiten, por primera vez, reconstruir dos años de una exhaustiva investigación policial que, a priori, no presenta fisuras y que, a pesar de las zancadillas, apunta sin género de dudas al alto mando de la Dirección General de la Policía y, en concreto, a su entonces director Víctor García Hidalgo.
Los atestados del inspector jefe Carlos G. y sus cuatro subordinados -otro inspector jefe y tres inspectores-, basados en centenares de intervenciones telefónicas y análisis de llamadas, desvelan además la existencia en el cuerpo de una red de mando paralela trenzada por amistades personales y fidelidades para ocultar la delación.?Los cinco informes, con sus diferentes apéndices y anexos de las diligencias previas 59/07, sacan a la luz cómo se investigó el chivatazo con todo tipo de detalles. Cómo desde una llamada lograron llegar al mismísimo director de la Policía, y todo ello sin conocer lo que se habló en todo ese ingente tráfico de comunicaciones.
Los investigadores desconocían que un supuesto policía, que había entrado por la puerta de atrás al local, había pasado al cobrador de ETA un teléfono desde el cual -según los atestados- el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, había alertado a Elosúa de que la Policía esperaba en la frontera al etarra José Antonio Cau, que iba a entrar en España para recoger «nueve millones de pesetas» pagados por el denominado impuesto revolucionario. Ese dinero -sostienen los informes- había sido entregado el día antes por el ex dirigente del PNV ya fallecido Gorka Aguirre, quien había hecho de intermediario con el empresario extorsionado.
Sin embargo, Cau no llegó nunca a Irún. La llamada desde la cabina abortó su viaje y fueron Elosúa y su yerno, Carmelo Luquin, los que se fueron a Francia. En la conversación entre ambos en el coche, el dueño del bar Faisán desveló a Luquin que la Policía le había avisado de los seguimientos para «no fastidiar todo el proceso», se supone que de paz.
Arranca la macroinvestigación
La investigación sobre el chivatazo solo pudo arrancar tras la detención de Elosúa, el 20 de junio del 2006. El supuesto recaudador de ETA reconoció desde el principio el soplo, pero solo dio una pista: la delación se produjo entre las 11.20 y las 11.25 horas de ese día. A partir de ahí, los agentes empezaron a trabajar, en secreto y bajo tutela del juez Fernando Grande-Marlaska, porque Elosúa siempre aseguró que la persona que entregó el teléfono era un policía y no era cuestión de que todo el Ministerio del Interior supiera que se investigaba a sus funcionarios por colaboración con banda armada.
Los agentes, para evitar errores, se fijaron un arco de tiempo más amplio para rastrear llamadas por si Elosúa se equivocaba. Y se pusieron manos a la obra, había que analizar 1.932 llamadas recogidas en ese lapso por el repetidor de telefonía móvil instalado en la plataforma logística transfronteriza de Zaisa, que cubre la zona del bar Faisán. Redujeron el círculo a 63, las que en esa media hora tenían una duración superior a cuatro minutos. Tras una larga y pesada macroinvestigación llegaron a la conclusión de que solo una era sospechosa. Y lo más sorprendente: el destinatario era el jefe superior de Policía de Euskadi.
Había surgido la pista que señalaba a la cúpula de la Policía y nacía la tesis que luego, siempre según los investigadores, se comprobó cierta: el funcionario había pasado su teléfono a Elosúa para que su jefe le diera el chivatazo. Los agentes del caso pidieron autorización judicial para rastrear las llamadas del inspector y del jefe, y lo que descubrieron les dejó de piedra. El máximo responsable de la Policía en el País Vasco, nada más producirse el soplo, llamó en dos ocasiones (11.34 y 11.42 horas) a García Hidalgo, quien no cogió el teléfono -en ese momento asistía a la toma de posesión de Joan Mesquida como director de la Guardia Civil-. García Hidalgo devolvió la llamada a las 11.53 horas y hablaron durante cinco minutos.
El repaso de las conversaciones del día anterior confirmó un «gran volumen de contactos» entre Pamiés y García Hidalgo justo después de que, la tarde del 3 de mayo, Grande-Marlaska hubiera dado luz verde a que la operación Urogallo contra el aparato de extorsión de ETA se desarrollara el día siguiente. Los investigadores llegan a la conclusión de que los implicados en el chivatazo crearon una suerte de cadena de mando paralela basada en amistades personales y fidelidades a García Hidalgo para dar el chivatazo y ocultar la delación. Una red policial que usa «procedimientos excepcionales para transmisión de información» y cuyo vértice era el entonces director general de la Policía.
Los agentes destacan los estrechísimos vínculos entre los dos personajes principales de la investigación: García Hidalgo y Pamiés. Los agentes llegan a afirmar que el nombramiento del jefe superior del País Vasco (en septiembre del 2005) es consecuencia directa de esa relación (con el director).