Los grupos minoritarios son partidarios de cambios más profundos y de que se avance hacia un modelo federal
06 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los grandes quieren dejarla como está y los pequeños proponen cambios profundos. Ese es el resumen sobre la necesidad de reformar la Constitución, que cumple hoy 31 años, a juzgar por las respuestas que han dado a La Voz los portavoces de los principales partidos. Tanto el socialista José Antonio Alonso como la popular Soraya Sáenz de Santamaría coinciden en que cualquier retoque requeriría «el máximo consenso» que represente a «la inmensa mayoría de los españoles».
Y están de acuerdo también en qué es lo único que se podría cambiar. «La discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona», estudiar «el reforzamiento del Senado como auténtica cámara territorial», la mención de las comunidades autónomas -que cuando se aprobó la Constitución no estaban constituidas- así como «dar carta de naturaleza al derecho de la UE», resume Alonso. Sáenz de Santamaría afirma que el PP solo apoyaría «una reforma limitada», en «la línea del informe que el Consejo de Estado remitió a petición del Gobierno». Ese informe plantea exactamente los cambios que propone el PSOE. Ninguno de los dos considera que haya que modificar el modelo territorial del Estado.
Muy distinta es la opinión de IU, cuyo portavoz, Gaspar Llamazares, indica que la necesidad de reformas «es evidente desde hace tiempo» y acusa a PSOE y PP de «retrasarlo intencionadamente desde hace años» y de «proponer una reforma constitucional pacata». IU plantea eliminar «aquellos apartados con reminiscencias posfranquistas», aclarar «el papel que sigue jugando la Iglesia católica» y también «que se deje de consagrar un sistema electoral injusto que consagra mayorías bipartidistas artificiales».
Desde otra óptica, Rosa Díez, de UPyD, no solo cree necesarios los cambios, sino que afirma que su partido «ha nacido para promover esa reforma», que debe centrarse en fijar un modelo territorial «definitivo» en el que «todas las autonomías tengan las mismas competencias y capacidad legislativa». Además, propone garantizar «competencias exclusivas del Estado de tipo estratégico», así como «profundizar en la laicidad del Estado». En lo que coinciden IU y UPyD es en la necesidad de ir hacia un «modelo federal».
El debate estatutario
Las mayores diferencias entre PP y PSOE afectan al Estatuto catalán. «Estamos seguros de que la norma es constitucional», afirma Alonso, mientras Sáenz de Santamaría se limita a señalar que acatarán «la sentencia que se dicte, sea la que sea y diga lo que diga». Respecto a si habría que adaptar la Constitución al Estatuto catalán si este fuera modificado sustancialmente ahora, el portavoz del PSOE indica que «la jerarquía normativa es clara: la Constitución es la norma suprema». La diputada del PP opina que la Carta Magna «está por encima de cualquier otra norma y por supuesto ningún estatuto de autonomía ni ley orgánica ordinaria o autonómica puede contradecirla ni dejarla sin efecto».
Gaspar Llamazares considera que «todos los estatutos reformados, y no solo el catalán, también el andaluz o el valenciano, se ajustan al marco constitucional» y que la Constitución «debe situarse por encima de las lecturas políticas interesadas que la derecha hace de las reformas de los estatutos». Para Rosa Díez, es «evidente» que esos estatutos «desbordan el marco constitucional, por ejemplo imponiendo una relación bilateral Estado-Cataluña». Reformar la Constitución para adaptarla al Estatuto catalán o cualquier otro sería, a juicio de Díez, «una aberración política y jurídica y una tomadura de pelo a los ciudadanos».