Hay que reformar la Constitución y fijar el modelo territorial. Esta es la conclusión, con diferentes matices, a la que llegan los especialistas en Derecho Constitucional consultados por La Voz cuando se cumple el 31 aniversario de la Carta Magna, marcado por la próxima sentencia sobre el Estatuto catalán.
«Creo que la Constitución debería haberse cambiado ya hace tiempo», afirma Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. Xabier Arbós estima que «el momento ha llegado, pero no se dan las condiciones políticas». Para este catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, «toda reforma de la Constitución debería incluir las mismas sensibilidades políticas que estuvieron en el proceso constituyente, esto es los partidos democráticos de ámbito español y las fuerzas democráticas del nacionalismo periférico».
Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, considera que «el número y la importancia de los temas que requieren una reforma hacen que iniciar el proceso comience a ser urgente», ya que la resistencia a hacer los cambios necesarios «está empezando a producir mundos paralelos entre la realidad y el Derecho».
Los expertos avalan los cuatro cambios que propuso el Gobierno -del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial; igualdad de sexo en la sucesión a la Corona; definición de las autonomías que componen el Estado; y adaptación a la Constitución europea-, que Villoria cree que eran «consensuables» entre los dos grandes partidos. Y añade otras dos posibles reformas: prohibir expresamente la huelga a los jueces y magistrados e introducir un artículo sobre la buena Administración, que reforzara la transparencia y la rendición de cuentas.
Arbós matiza que el Senado debería ser «una cámara formada exclusivamente por representantes de las comunidades autónomas» y apunta una modificación más, que el fiscal general del Estado sea designado «por un procedimiento que asegure el mismo consenso y la misma independencia de los que goza el Defensor del Pueblo».
El pontevedrés Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo, cita otros cambios necesarios: en la nacionalidad y la extranjería para hacer la democracia más inclusiva; en el sistema electoral, para que sea más proporcional; en el Poder Judicial para adaptarlo a la organización autonómica del Estado; y la inclusión de la cláusula de intangibilidad en los límites de la reforma constitucional para proteger el núcleo esencial de la democracia. Rubio aporta la reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para evitar su «creciente politización».
Cierre del modelo territorial
A todos ellos, añade Bastida el «cierre del Estado autonómico, con una delimitación más clara de la distribución de competencias». Es en este punto en el que incide Roberto L. Blanco Valdés. El catedrático de la Universidade de Santiago considera que «hace ya tiempo que llegó el momento de reformar la Constitución», pues hay muchas cosas que han quedado obsoletas después de 31 años, pero la reforma más perentoria e imprescindible, porque serviría para resolver uno de los grandes problemas del país, es el cierre del modelo territorial.
Su propuesta es que se defina en la Constitución el modelo de Estado, «caminando hacia un sistema netamente federal», y se establezca una lista de competencias estatales que no pueden ser transferidas ni delegadas, dejando las demás a las comunidades autónomas. También habría que fijar en la Constitución el modelo de financiación autonómica. Villoria está de acuerdo en que hay que hacer cambios para «reforzar los elementos federales del sistema», mientras Rubio considera «necesario aclarar y consolidar el modelo territorial español en la Constitución, sin miedo al debate».