La vocal del CGPJ dice que para agilizar la Justicia es más importante incorporar las nuevas tecnologías y reformar los procesos que elevar el número de jueces
26 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Gabriela Bravo Sanestanislao es fiscala de profesión y de vocación. De sus casi veinte años como integrante del ministerio público, pasó la mitad como fiscal de menores en el Tribunal Superior de Valencia. Desde hace poco más de un año es la voz oficial del órgano de gobierno de los jueces.
-La modernización de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de la democracia. Días pasados entraron en vigor una serie de reformas legales previas a la implantación de la nueva oficina judicial. ¿Servirán para algo?
-Esa reforma de 15 leyes con más de 900 artículos va a permitir el desarrollo de la nueva oficina judicial. Son el motor de arranque que nos va a colocar a la Administración de Justicia en el siglo XXI.
-Después de ese paquete, ¿qué?
-Esas reformas son el punto de arranque, un impulso necesario, pero necesitamos más. Es necesario incorporar fórmulas que permitan reducir la litigiosidad. Después de la dictadura, todos nos esforzamos en dotar al ciudadano de un sistema garantista que permitiera la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Quizá nos hemos esforzado tanto que hemos construido un Estado hipergarantista.
-¿Cómo?
-Necesitamos reformas en el marco del proceso penal. Es muy necesario un proceso penal que permita una investigación judicial con todas las garantías y que defina las funciones del juez y del fiscal. También hacen falta reformas procesales para introducir una ley de mediación en el marco civil y penal. Igualmente, necesitamos buscar la forma delimitar la cantidad de recursos, que en muchos casos impiden que se pueda garantizar al ciudadano una justicia rápida.
-¿Qué papel van a jugar los nuevos jueces de adscripción territorial que se acaban de crear?
-Es una figura muy novedosa. Una apuesta por la profesionalización y una mayor garantía para el ciudadano. Son jueces de carrera que van a estar incorporados a los tribunales superiores y serán destinados a aquellos juzgados que necesiten refuerzos, a cubrir sustituciones y permisos, bajas y vacaciones. Serán jueces comodín.
-¿Es posible una modernización real de la Justicia con las actuales dotaciones presupuestarias?
-El problema de la Justicia no es solo de presupuestos. Tan importante como la dotación económica es el ser capaces de incorporar las nuevas fórmulas organizativas y de reestructuración para poder modernizar la nueva oficina judicial.
-Pero parece que el cuello de botella está en la falta de jueces, que al final son los que tienen que resolver.
-Es un hecho que hace falta aumentar la plantilla de jueces, pero yo creo que es mucho más importante incorporar las nuevas tecnologías y reformar los procesos para acortar los tiempos e introducir fórmulas para reducir la litigiosidad, pasando incluso por la desjudicialización de algunas materias. Todo eso liberará al juez de una serie de incidencias diarias que le ocupan una gran cantidad de tiempo y se lo dejará para cumplir su función primordial: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
-¿Las reformas previstas incluyen pasar la instrucción al Ministerio Fiscal?
-La necesidad de una nueva regulación de nuestro proceso penal a la que ya me referí incluye ese cambio. Hay que incorporar el modelo europeo, donde la investigación la dirige el Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez de garantías que será quien decida sobre cualquier medida restrictiva de los derechos del ciudadanos.
-¿Es viable esa reforma con el modelo actual de ministerio público?
-La estructura jerárquica del Ministerio Fiscal no es incompatible con los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad con los que debe trabajar la Fiscalía.
-Siendo fiscala, ¿cómo se siente en un órgano de gobierno de los jueces en el que no está representada más de la mitad de la carrera judicial?
-Yo me siento integrada, no en un órgano de jueces, sino en un órgano constitucional creado para garantizar y velar por la independencia del Poder Judicial. La designación de los vocales de ese órgano tiene su legitimidad en el Parlamento.