La proliferación de escándalos mina la confianza ciudadana, ?la credibilidad de los políticos y pone en peligro la democracia
22 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El riesgo del «todos son iguales» y de la alta abstención está ahí. Ya sucede en Cataluña, donde, a excepción de las últimas legislativas, que salvaron a Zapatero, la población se aleja de las urnas, cansada de polémicas estériles. «Solo nos faltaba lo de Santa Coloma con la presunta corrupción del alcalde, precisamente el único que teníamos rico por familia», reconoce un alto cargo socialista de la Generalitat.
En Cataluña estas semanas se hace política esperando la sentencia del Estatuto que el Tribunal Constitucional no se atreve a sacar. Cuando Pasqual Maragall lo impulsó, el nuevo Estatuto era la prioridad número once en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, pero pasó a ser la primera en el ombliguismo político y casi la única dedicación en tres años. Ahora el asunto está en otra dimensión y con otros riesgos.
Pero los periódicos se ocupan también desde hace meses de la corrupción en el emblemático Palau de la Música catalana, donde su presidente, Félix Millet, exponente de la burguesía, esquilmó las arcas en beneficio propio y con algunas donaciones a una fundación próxima a Convergència. Y después el caso Pretoria, que la rumorología saca de Santa Coloma y extiende a otras ciudades.
Cataluña se incorpora así a la crónica negra de la corrupción, que ha tenido patas arriba a los feudos populares de Madrid y Valencia desde principios de año y que ha liquidado ya algunas carreras políticas -Ricardo Costa, López Viejo, otros diputados y alcaldes madrileños- y el proyecto de liderazgo nacional de Francisco Camps. Murcia siempre ha tenido alcaldes bajo sospecha y Andalucía destacó con Marbella como capital de la corrupción.
Aunque el vicepresidente Manuel Chaves justifique que «se detecta mayor corrupción que antes, no porque haya más, sino porque se han puesto más medios para investigarla», la percepción popular entiende que la situación es peor. Y en tiempos de grave crisis económica el asunto todavía irrita más.
Para combatir ese desánimo, varios partidos impulsan iniciativas de recuperación: desde el presidente Montilla hasta el PP, que pide protección para los funcionarios que denuncien la corrupción. Más vale que sea así. «Lo mejor sería una ley de transparencia con controles severos, pero con cuidado de no paralizar la Administración», sostiene Mar Serna, magistrada en excedencia que forma parte del Gobierno de Montilla.
Crisis de legitimidad
Que hagan algo o España se incorporará definitivamente a la lista de países en los que la confianza en el Gobierno y las instituciones ha disminuido sustancialmente en las últimas tres décadas. Aquí la ilusión por la recuperación de la democracia marcaba la diferencia, pero los casos de corrupción frecuentes dilapidan aquel capital.
Esta semana, en Madrid, el profesor Manuel Castells presentaba, en una sala abarrotada de la universidad, su última obra, Comunicación y poder. Confirmaba que la percepción de la corrupción aumenta en todos los países y que en los últimos cinco años se ha extendido al sector privado. Y todo eso con datos anteriores a la crisis actual, de cuyo estallido las instituciones financieras y sus directivos salieron malparados en su reputación.
Y denunciaba también que, además de la corrupción existente, la política actual se hace en base a crear escándalos artificialmente en los medios para erosionar la confianza en los líderes. «Todo sumado -decía Castells- deriva en una crisis de legitimidad que es la incredulidad generalizada en el derecho de los líderes políticos a tomar decisiones en nombre de los ciudadanos».
Es un retrato de la crónica política actual: casos de corrupción -Gürtel, Pretoria, Palau de la Música- y escándalos políticos mediáticos como el del Sitel, el sistema de escuchas que compró Rajoy y ahora rechaza el PP. Los socialistas están haciendo todo lo que está en su mano para que Rajoy sea el próximo presidente, pero sería deseable que el PP no llegue al Gobierno sin credibilidad. Pedir, como hizo el miércoles, la dimisión de cuatro ministros -uno cada dos horas de la jornada laboral- no genera precisamente confianza.