Los expertos temen que el malestar que generan la crisis económica y la corrupción aumente en los próximos meses
08 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Fueron un referente social. Los hombres y mujeres que tiraron del carro a finales de los setenta para construir una democracia nueva y vigorosa a partir de una dictadura caduca eran políticos y alcanzaron un enorme crédito durante la transición. Treinta años después, los representantes de la soberanía popular son vistos por un porcentaje nada despreciable de ciudadanos como un problema.
Cabría pensar que la afluencia de casos de corrupción está detrás de todo. Y pese a todo, solo el 5,2% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensan en el fraude o los cohechos como un lastre para España. La explicación, a juicio de algunos expertos, podría estar en que la opinión pública va siempre unos pasos por detrás de los medios, lo que lleva a anticipar que el desasosiego que generan las prácticas corruptas irá en aumento en los próximos meses. Es la tendencia.
Aunque no lo parezca, el 5,2% es una cifra elevada si se compara con el escaso 1,4% del mes precedente. Es más, habría que remontarse a mediados de los años noventa para encontrar un dato semejante. Aquella fue la época de mayor distanciamiento entre ciudadanía y clase política en toda la democracia. Eran los años de Filesa, del caso Marey, de Roldán, de las escuchas del Cesid, de Amedo y Domínguez, de Urralburu, de Paesa. Y de otra crisis económica.
Nunca antes, ni después, las encuestas captaron tanto desapego, tanto escepticismo. En 1995, el último de los más de trece años que Felipe González pasó en la Moncloa, el 33,5% de los españoles afirmaban que la corrupción era una de las peores lacras del país; el 21,5% señalaban con dedo acusador a la clase política en general y casi el 7% apuntaban específicamente al Ejecutivo. La salida de los socialistas del poder fue como una catarsis. José María Aznar llegó al poder, prometió no mirar debajo de las alfombras y, de pronto, se extendió un manto de cuasi silencio.
Retorno tras el olvido
La corrupción no volvió a ser apenas mencionada en los barómetros del CIS en mucho tiempo. Durante años nadie pareció temer que las malas prácticas pudieran llevarse por delante la estabilidad y prosperidad de España. De hecho, entre el 2000 y el 2001 el número de personas que los señalaban como problemático llegó a ser tan marginal que la etiqueta «la corrupción y el fraude» incluso desapareció de la tabla de los sondeos. Luego volvió, con porcentajes inferiores al 1%, hasta que en abril del 2006 se destapó la trama de Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento de Marbella y la alarma creció, si bien someramente.
En la legislatura pasada, con la oposición volcada en denostar la política antiterrorista, el Gobierno acordó prisión atenuada para el etarra Iñaki de Juana Chaos, en huelga de hambre desde hacía meses. Aquello generó un pico de opinión incluso más adverso que el actual hacia la clase política en su conjunto: el 16% la vio de pronto como un problema para España. Al Ejecutivo apuntaban solo el 3,5%.
Ahora los políticos son vistos como un lastre por el 13,3%. El 5% de los ciudadanos consideran que son uno de los principales escollos para la buena marcha del país. Solo el último Gabinete de González llegó a cuotas similares.