El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un real decreto en el que se hace efectivo el «traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración». El Gobierno dio así luz verde a que el Ejecutivo catalán empiece a otorgar, a partir del 1 de octubre, los permisos de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros no comunitarios que hasta ahora tramitaban las delegaciones de Gobierno central.
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