Los partidos acuerdan en el Congreso poner punto final al autobombo gubernamental en períodos preelectorales
ESPAÑA
Es un clásico de las vísperas electorales: la inauguración por parte de la autoridad de turno de una carretera, un puente o cualquier otra infraestructura. Pues bien, para los próximos comicios ni el presidente del Gobierno ni los ministros ni los gobernantes autonómicos ni los alcaldes podrán cortar cintas, colocar primeras piedras o descubrir placas en los 54 días que van desde la convocatoria a la jornada de votación. Los partidos han llegado a este acuerdo en la subcomisión del Congreso que trabaja desde hace un año en la reforma de la ley electoral.
Se pondrá fin así a las arduas polémicas que se suscitan cada vez que hay comicios generales, europeos, autonómicos o locales. La última fue la que protagonizó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que el 6 de junio pasado, en la jornada de reflexión de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, inauguró una línea de vuelos regulares entre su ciudad y Nueva York.
En futuros comicios ya no habrá lugar para estas discusiones gracias al pacto alcanzado en la subcomisión, un consenso que abarca también a la prohibición de las campañas institucionales en las semanas previas a las elecciones para ensalzar los logros alcanzados.
El acuerdo se plasmará en la reforma de la ley electoral que se acometerá en esta legislatura y cuyas bases van fraguándose sin estridencias gracias a la similitud de los puntos de vista de los dos partidos mayoritarios en numerosos apartados. PSOE y PP coinciden, por ejemplo, en que la anunciada circunscripción electoral exterior para los emigrantes españoles se limite a la elección de representantes para el Senado, no para el Congreso como se planteó en un principio. Fuentes de ambas formaciones aducen problemas de todo tipo, desde legales a logísticos, para incrementar el número de diputados con los representantes de la emigración.
Proporcionalidad
Los socialistas dicen que surgirían problemas de proporcionalidad ya que, conforme a la legislación vigente, la colonia española en el exterior debería tener más de 15 diputados para tener una presencia acorde con el número de residentes fuera. Tal cuota daría a los emigrantes, alejados de la realidad española, un papel decisivo en la conformación de mayorías parlamentarias. Los populares comparten en buena medida ese razonamiento y añaden que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia. Ambos partidos confluyen en que la solución podría ser que los emigrantes elijan entre tres y cinco escaños en el Senado. PSOE y PP están de acuerdo en no levantar la prohibición para que los emigrantes no puedan votar en las municipales, porque no son pocos los casos de localidades que tienen un censo mayor en el extranjero que en España y se daría, por tanto, la paradoja de que los alcaldes sean elegidos por quienes no pisan o no conocen el pueblo.