La cúpula del PP coincidió ayer en la conveniencia de continuar su escalada de acusaciones contra el Gobierno por la supuesta persecución a la que están sometiendo al principal partido de la oposición, en la que enmarcan las escuchas ilegales a sus dirigentes. Los populares están convencidos de que sus denuncias están calando en la opinión pública, a pesar de que no se hayan presentado pruebas. De momento, el efecto de la estrategia del PP ha sido que todo el debate político se centre en el supuesto acoso al partido y que los casos de corrupción hayan quedado en muy segundo plano.
María Dolores de Cospedal demostró ayer que no está dispuesta a rebajar el tono ni a dejar sin respuesta las críticas de los socialistas. Ayer respondió a las acusaciones de Manuel Chaves de que el PP trata de amedrentar a jueces, policías y fiscales para desviar la atención de la corrupción, que «la única prueba evidente de intento de presión a la Justicia viene por parte del Gobierno». En ese sentido, la secretaria general recordó que «hemos visto todos los españoles a la vicepresidenta primera echarle una bronca a la presidenta del Constitucional en público por no tomar decisiones tal y como al Gobierno le interesa y la hemos visto también diciendo lo que tiene que hacer a la Fiscalía».