¿Cuál es el límite entre un obsequio de cortesía y un regalo que puede influir en las decisiones de los cargos públicos? ¿Son lo mismo unas anchoas de Santoña que un bolso de Louis Vuitton o unos trajes a medida? En España no está regulada la cuantía de los regalos que son aceptables, aunque los especialistas apelan al sentido común para diferenciarlos. Pero en Estados Unidos ningún cargo público puede recibir un regalo que sobrepase los 20 dólares o los 40 si se trata de varios, y los comisarios europeos tienen prohibido recibir los que superen los 150 euros. Por otro lado, en otros países occidentales es impensable que aceptar trajes de una trama corrupta no tenga un grave coste político.
«Soy partidario de establecer un límite de 75 euros, con un tope de 150 si se hacen dos regalos a la misma persona», señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y directivo de Transparencia Internacional España. «También es muy importante prohibir las invitaciones a comidas, barcos o cacerías», añade. Considera que «debe ser penado que un cargo político acepte cualquier regalo que pueda influir en sus decisiones o en las de sus subordinados», pero «en todo caso, debería haber un órgano independiente en todas las Administraciones que emitiera una declaración de reprobación en los casos no penales, pero inmorales».
Aumentar la pena
Adán Nieto aboga porque las Administraciones se doten de «códigos éticos, como por cierto ya hacen muchas empresas, donde se fijen los regalos permitidos y los que no lo son y los requisitos de transparencia que permitan su aceptación». Es partidario de aumentar las penas. «En comparación con ordenamientos como el francés o el alemán, donde el cohecho impropio puede llevar aparejada la pena de prisión, en España tiene una sanción ciertamente ridícula», afirma.
Arroyo también estima necesario reformar la pena, para que además de multa conlleve la suspensión y la prisión. Asimismo, pide una reforma administrativa para determinar «la diferencia entre lo penal y lo administrativamente ilícito para que nadie pueda confundirse en la licitud de recibir bolsos de 200 y no de 6.000 euros».