huelva La violación de dos niñas reabre el debate sobre la ley del menor

Dos violaciones en menos de dos días, cuyas víctimas son niñas de tan solo 13 años, como 13 son también los detenidos como autores de las agresiones, seis en un caso y siete en el otro, todos adolescentes de entre 13 y 17 años. Las agresiones tuvieron lugar en Andalucía, una el jueves en Baena (Córdoba) y otra el sábado en Isla Cristina (Huelva).

Estos sucesos han provocado una gran conmoción y han reabierto el debate sobre la eficacia de la ley del menor, que impide imputar a menores de 14 años. Ayer, el PP anunció que en septiembre pedirá en el Parlamento una reforma de esta ley con el objetivo de «proteger a las víctimas más vulnerables», explicó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, quien recordó que el programa electoral del PP ya contemplaba rebajar la edad mínima de imputabilidad para delitos «de especial gravedad». «El fin es proteger a los menores víctimas de los delitos cometidos por otros menores», apuntó la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Pero el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que hay «respuestas contundentes en el ordenamiento jurídico actual para el comportamiento de menores con esta gravedad», y, en el caso de que se propusiera una modificación, «solo fruto de la meditación, el cálculo y el sosiego necesario, sería el Parlamento el que decidiera si hay lagunas en la ley actual y cómo corregirlas».

Medidas a priori

Pero no todo el mundo cree que la solución para combatir este tipo de delitos pase por la disminución de la edad penal. «Es muy peligroso plantear iniciativas legales a golpe de titulares de prensa», dijo a La Voz José Luis Calvo, portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni), que explicó que es necesario que los sistemas de protección de menores actúen. «Estos críos se van excluyendo de un sistema que es incapaz de integrarlos», señaló, y por eso «son necesarias las labores de prevención social, la promoción de educadores de calle» que trasciendan el ámbito académico, y que la Administración intervenga en los casos de los menores de 14 años cuando hayan cometido un delito «porque es una burla que se vayan para su casa. La Administración debe trabajar con la familia para modificar su conducta», dijo, y añadió que «si la Administración invirtiera en medidas de este tipo, no haría falta un debate sobre la edad penal».

«Parece que los que tenemos que cambiar somos los adultos», expresó por su parte a La Voz Adolfo Alonso, abogado de familia y presidente de la Fundación Child Care. Según Alonso, «seguramente hemos puesto delante de nuestros hijos un sistema que los ha familiarizado con hechos para los que no les hemos dado los mecanismos educacionales y de valores adecuados para su comprensión del alcance real». Para Alonso, las relaciones entre padres e hijos «han de tener un cierto grado de autonomía, con la ayuda del derecho, para poder educar, prevenir y curar al detectar elementos de alarma psicosociales, antes que lamentar y juzgar después».

Calvo coincide en la función de los padres y va más allá: «Si un menor es inimputable por su edad, la responsabilidad debe recaer en los padres, que son sus responsables civiles y deben asumir las consecuencias de las actuaciones de su hijo», afirmó.