José Campoy, un granadino de 33 años ya absuelto, estuvo 437 días en prisión por el descuido de la magistrada
08 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Dejar que el granadino José Campoy siguiera en prisión por un delito del que había sido absuelto 14 meses antes es, a juicio del fiscal, una «conducta grave e imprudente» que exige responsabilidades. Así de tajante se mostró ayer el representante del ministerio público en la vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar la pena impuesta a una jueza de Motril (Granada), que fue condenada a un año de suspensión de empleo por un delito contra la libertad individual de las personas.
Adelina Entrena, que fue titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, fue separada de la carrera judicial por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Tribunal Superior de Andalucía la condenara en abril del 2008 por no ordenar la puesta en libertad de Campoy, que estuvo 437 días en prisión injustamente.
Según la sentencia, la jueza fue responsable de una «imprudencia grave», ya que disponía de los conocimientos suficientes y de los medios necesarios para haber posibilitado la excarcelación. Un olvido por el que, además, tuvo que indemnizar con 103.000 euros a Campoy. Tanto la jueza como la víctima recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo, que ayer revisó el caso en una vista pública en la que intervinieron cinco magistrados de lo penal.
El fiscal se mostró contundente al asegurar que Adelina Entrena infringió los principios éticos judiciales y fue responsable última del fallo. Además, negó con rotundidad los argumentos de su defensa, que la presentó como un chivo expiatorio víctima del sistema. «Sufría una tensión insoportable al borde del infarto», llegó a decir el abogado de la jueza. Pero la explicación más sorprendente tuvo lugar cuando el letrado de Entrena dijo que «este hombre [por José Campoy] no quiso salir de la cárcel» y que, si hubo algún culpable, estos fueron el secretario judicial y los auxiliares del citado juzgado de Motril.
El fiscal rechazó también la pretensión de la defensa del reo de elevar la indemnización a 350.000 euros.