LAS TRAMAS DE AMENAZAN AL PP El juez ve «indicios racionales» de delito para abrir un juicio contra Camps

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors ha decidido continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y ha fijado para el próximo día 15 una audiencia preliminar con jurado.

Según ha anunciado el TSJCV, Flors mantiene que no ha lugar al sobreseimiento libre ni al archivo de la causa por existir «suficientes indicios racionales» para estimar que los hechos investigados en el llamado «caso Gürtel» pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

En el auto del magistrado, al que no ha tenido acceso el gabinete de prensa del TSJCV, se mantiene que también siguen como imputados en esta causa el secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

La resolución de Flors, que no es definitiva y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, se produce como consecuencia de la investigación que lleva a cabo desde el pasado mes de abril, durante la cual tomó declaración a Camps y el resto de imputados por haber recibido regalos procedentes de la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

En el auto se señala que en la «comparecencia prevenida» en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, fijada para las 10.30 horas del próximo día 15 con presencia de los imputados y ante un jurado, las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas alegarán «lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento», mientras que todas las partes podrán pedir diligencias de investigación.

Asimismo, desde el TSJCV se asegura que las actuaciones del proceso penal serán secretas para el público hasta el momento en que se abra el juicio oral, así como que la decisión de Flors puede ser recurrida por ambas partes en un plazo de cinco días hábiles.