Admitida a trámite una nueva denuncia contra el magistrado por los cobros de su estancia en EE.UU.
23 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella contra el juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación en la causa del franquismo impuso ayer una fianza de 6.000 euros al seudosindicato Manos Limpias para poder ejercer la acción popular en el proceso. El colectivo tiene ocho días para hacer frente al pago en metálico de esta cantidad con el fin de responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa.
Una vez que se materialice la fianza, solicitada por la defensa de Baltasar Garzón, el instructor del proceso, el magistrado Luciano Varela, estará en disposición de citar al juez de la Audiencia Nacional para que declare en calidad de imputado. La resolución del alto tribunal se fundamenta en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligatoriedad del particular de prestar este aval para responder al resultado del juicio.
A la espera de que Garzón comparezca ante el magistrado para dar su versión sobre el presunto delito del que se le acusa, el Consejo General del Poder Judicial deberá decidir, por su parte, si suspende de forma cautelar al juez de sus funciones o espera a que se dicte un procesamiento firme para hacerlo. Todo apunta a la segunda opción debido a la falta de apoyo de la Fiscalía en la admisión a trámite de la querella.
Nueva querella
En otro de los frentes judiciales abiertos contra Garzón, la investigación que lleva a cabo el CGPJ sobre los cobros que recibió por impartir varias clases en Estados Unidos, el Supremo registró ayer una nueva querella contra el magistrado por este asunto. La presentaron los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, expertos en estas lides, y acusan al Gobierno de apoyar al juez, lo que, a su juicio, condiciona la actitud de la Fiscalía, que «obedece a la voz de su jefe».