Aplauden el talante negociador del Gobierno, pero critican la falta de acuerdos sobre algunas demandas
29 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Las negociaciones con el Gobierno para modernizar y agilizar de una vez por todas la Justicia española aún no cuentan con el visto bueno de los jueces. La judicatura celebró ayer juntas en casi todas las provincias y la sensación generalizada es que hay un gran descontento con los pasos dados hasta ahora por el Ministerio de Justicia. Ello implica que la judicatura se inclina por mantener la convocatoria de huelga prevista para el próximo 26 de junio, la segunda en lo que va de año.
Mantener intacto el paro del 26-J fue el acuerdo alcanzado en buena parte de las asambleas celebradas ayer en casi todo el territorio nacional, que contaron con menos seguimiento del previsto. Los jueces consideran que los «escasos» logros alcanzados desde el 18 de febrero -fecha de la primera huelga de jueces de la democracia, cuando un 62% de la carrera decidieron colgar las togas- no suponen ninguna mejora para la situación de colapso en los juzgados españoles. Pese a que el paro se mantiene, sus apoyos, sin embargo, parecen más débiles.
Las juntas de jueces que votaron adherirse a la huelga fueron las de Valencia, Málaga, Córdoba, Santander, Zamora, Castellón, Burgos, Toledo, Soria y Guadalajara. Los magistrados de Navarra, Huesca, Las Palmas, Oviedo y Alicante no descartaron «ninguna medida de protesta», pero esperan a la decisión que adopten los colectivos de jueces en las próximas semanas para adherirse o no al paro. En las asambleas de Madrid, Zaragoza o Salamanca, pese a la «insatisfacción» que han dejado las negociaciones con el Ministerio de Justicia, prefirieron desmarcarse de la huelga.
Ninguna de las cuatro asociaciones judiciales que el 12 de enero firmaron el documento reivindicativo se ha descolgado de la protesta. La Asociación Francisco de Vitoria (AFV), una de las convocantes de la huelga de febrero, valoró de forma positiva ayer la última reunión mantenida con el Ministerio de Justicia. La nota destaca los acuerdos en materia de agenda de señalamientos, uno de los puntos en que hay más discrepancias, y cuya competencia mantendrá el juez y no los secretarios judiciales, como deseaba el Gobierno. El colectivo cree bueno el «cambio de escenario» que se ha producido desde la llegada de Caamaño al ministerio, «con una clara voluntad negociadora, pese a que el resultado obtenido no se corresponde con nuestras expectativas», aseguró en el comunicado.
La Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, espera tomar una decisión sobre el paro en la comisión permanente que celebrará la entidad en Madrid el próximo 12 de junio. «Seguiremos el camino que nos marquen nuestros asociados; si estos votan ir a la huelga, los apoyaremos», señaló el portavoz de la asociación, Antonio García.