memoria histórica El Supremo decide unánimemente imputar a Garzón por prevaricación

Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han decidido por unanimidad admitir a trámite una querella criminal presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones, es decir, por dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.

En concreto la querella se justifica por su actuación en la tramitación de unas diligencias en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones durante y después de la Guerra Civil española.

El auto de admisión de la querella, del que fue ponente el magistrado Adolfo Prego, argumenta que, en principio, las afirmaciones que se recogen en el texto de la misma «no son algo que pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte que sea ni absurda ni irracional».

Por ello, la sala decretó su competencia para investigar esta causa y designó como instructor de la misma al magistrado Luciano Varela, que es quien tendrá que llamar a declarar a Garzón , previsiblemente como imputado, y realizar las diligencias que considere oportunas para esclarecer los hechos relatados en la denuncia

La decisión fue adoptada en contra del criterio de la Fiscalía que pedía el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de delito.

Cuando el magistrado instructor -el mismo que recientemente tuvo que archivar otra querella contra Garzón, no sin antes deducir testimonio de la misma para darle opción al Consejo del Poder Judicial de sancionar los hechos como falta- notifique formalmente al Consejo la admisión a trámite de la querella, el órgano de gobierno de los jueces tendrá que pronunciarse sobre la suspensión provisional de funciones de Garzón, previo informe de la Fiscalía. Lo habitual es que si esta no lo pide, espere al auto de procesamiento, ya que no basta que lo solicite una acusación popular. Fuentes judiciales aseguran que ya hay vocales del Consejo que abogan abiertamente por la suspensión cautelar sin esperar al auto de procesamiento.