La Guardia Civil detuvo a once personas en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), gobernado por una coalición del PSOE y el Partido Independiente de Lanzarote (PIL), como sospechosos de pertenecer a una trama de corrupción. La red investigada desde hace más de un año se ha desarticulado a raíz del cobro de una comisiones por uno de los intermediarios, que fue detenido in fraganti con 100.000 euros en efectivo. Entre los arrestados está el ex presidente del Cabildo insular e histórico dirigente independentista Dimas Martín, que cumple prisión por malversación, dos concejales, dos funcionarios del consistorio y varios empresarios. Treinta agentes irrumpieron a primera hora de la mañana en el ayuntamiento de la capital de la isla, desalojaron a los ciudadanos, cerraron la sede y procedieron a registrar sus oficinas.
Detuvieron al primer teniente de alcalde y responsables del plan general de ordenación urbana de Arrecife, Ubaldo Becerra; al concejal delegado de Hacienda y Urbanismo, Miguel Rodríguez, ambos PIL; a la jefa de contratación del consistorio, Elena Martín, hija de Dimas Martín; y al jefe de la Oficina del Catastro, Rafael Arrocha. Poco después detuvieron al ex vicepresidente del Cabildo, Segundo Rodríguez (PSC-PSOE), a un empresario de Gran Canaria y a dos intermediarios.
Otro arrestado es Matías Curbelo, mano derecha de Dimas Martín. La operación se extendió a Gran Canaria, donde fue arrestado un empresario, trasladado a Arrecife para su puesta a disposición judicial.
A todos ellos, el juzgado de Arrecife que ordenó la operación les imputa delitos contra la Administración pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio. Los agentes registraron una oficina y varios estudios de arquitectura, domicilios de los detenidos y la celda de Martín en la prisión de Tahiche, que fue conducido a su casa para presenciar el registro.
Condenado a ocho años
Dimas Martín cumple una condena de ocho años por malversación y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social. Según la Guardia Civil, «la investigación ha permitido desarticular una trama organizada dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen de decisiones administrativas». El PSOE de Canarias anunció que rompe el pacto de gobierno que mantenía en Arrecife con el PIL y ha expulsado provisionalmente a los técnicos militantes socialistas encausados en la operación Unión.