La Audiencia Nacional castigó ayer con penas de cárcel las erróneas identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, ocurrido en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo del 2003. El tribunal considera probada la responsabilidad criminal de los tres acusados, que cometieron un delito de falsedad en documento oficial. Al general de división Vicente Navarro, máximo responsable del equipo de repatriación de los cuerpos, le cayó una condena de tres años de prisión, mientras que a sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, se les imponen sendas penas de año y medio de reclusión por ser cómplices de su superior.
El tribunal fija además multas de seis meses a razón de 10 euros al día (1.800 euros) y dos años de inhabilitación para el general Navarro, y una sanción económica de 900 euros y un año de prohibición para el ejercicio de sus funciones tanto al comandante Ramírez como al capitán Sáez. Asimismo, a los tres inculpados se les impide el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.
Al general médico, como autor único del delito de falsedad, la Justicia lo condena asimismo a indemnizar con 10.000 euros a los herederos de cada uno de los 30 cadáveres mal filiados. En el caso de que el oficial retirado no abone la reparación, serán sus dos subordinados los que hagan frente al pago de los 300.000 euros. Y si en última instancia esto no se produjera, corresponderá al Estado pagar esa cantidad como responsable civil subsidiario. Por otra parte, el tribunal decidió absolver a las tres compañías de seguros imputadas en el proceso de cualquier compromiso indemnizatorio. La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desmonta uno por uno los argumentos esgrimidos por la defensa del general Navarro. En concreto, hace mención en varias ocasiones a que el oficial médico era «consciente» de que estaba incurriendo en un delito de falsedad en la elaboración de las actas de necropsia, pese a su manido argumento de que lo hizo para «paliar» el dolor de las familias.
No irá a la cárcel
Los abogados del general Navarro tienen previsto presentar en los próximos días un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el que pedirán la anulación de la sentencia, lo que evitará al condenado el inmediato ingreso en prisión. Si el alto tribunal ratifica la condena de la Audiencia Nacional, el lapso de tiempo que pasará encarcelado será mínimo. Respecto a sus dos subordinados, las condenas inferiores a dos años excluyen el ingreso en prisión de condenados sin antecedentes, siempre que no se produzca una reiteración delictiva.