La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reaccionado con contundencia frente a la pretensión del juez Fernando Andreu de seguir adelante con la instrucción de la querella presentada contra el ex ministro de Defensa y otros seis altos cargos del Estado de Israel por un ataque a la franja de Gaza en el 2002, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles.
En un escrito pide directamente a la Sala -como ya hizo en su día en el asunto de la memoria histórica- la revocación del auto dictado el pasado lunes por el instructor, en el que se reafirmaba en su competencia para seguir adelante con la investigación de los hechos, en contra del criterio expuesto por la Fiscalía un mes antes, cuando pidió el archivo provisional de la causa.
La petición que ahora el fiscal dirige a la Sala se fundamenta en el «estricto cumplimiento de la legalidad nacional e internacional vigente que consagra el principio de complementariedad o subsidiaridad en el ejercicio de la jurisdicción universal». De acuerdo con estos principios, tiene carácter preferente para investigar los hechos la jurisdicción del Estado que los está conociendo, en este caso la de Israel.
La Fiscalía recuerda al instructor que en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada por el fiscal general militar, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera revisión judicial del Tribunal Supremo de aquel país, y subraya que todas ellas responden a los «cánones mínimamente exigibles en un Estado de derecho».
Añade que estas actuaciones de las diferentes autoridades judiciales «satisfacen plenamente las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial».
El recurso de la Fiscalía reprocha al instructor que haga una errónea interpretación sobre la naturaleza de los órganos judiciales, «lo que -precisa- obedece a una confusión conceptual consistente en identificar investigación criminal con investigación realizada por un juez de instrucción».