La trama de corrupción por sobornos en prostíbulos de Barcelona se extiende como un cáncer que ya ha salpicado a la Policía Nacional, a los juzgados y al ayuntamiento
01 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los imputados por su presunta implicación en una trama de corrupción policial vinculada a prostíbulos de Barcelona ya suman 16, y las autoridades no descartan que se practiquen nuevas detenciones. Al parecer, varios mandos y agentes policiales se aprovechaban de sus cargos para pedir dinero a los burdeles a cambio de evitar las redadas y obtener otros beneficios.
El mapa de las detenciones es variado: se inició en la Policía Nacional, con el arresto del director de la unidad contra redes de inmigración de este cuerpo de seguridad, continuó con los propietarios de dos grandes burdeles implicados, se trasladó hasta un bufete donde fueron detenidos tres abogados, alcanzó a un empresario de ocio nocturno, pasó por un ingeniero y finalmente alcanzó ayer al ayuntamiento de la ciudad, cuando los Mossos d'Esquadra detuvieron a un inspector municipal del área de licencias y a una secretaria técnica de prevención del distrito del Eixample.
Todo empezó a principios de este mes, cuando tras un año de investigación sobre la supuesta complicidad entre dos de los burdeles más grandes de la Ciudad Condal -el Riviera y el Saratoga, ambos ubicados en la zona de Castelldefels- con altos mandos y agentes de la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, por orden judicial, cerraron ambos locales. Posteriormente, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona envió a prisión a Antonio H., uno de los dueños del Rivera. y a Raúl P., del Saratoga, acusados de los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución, contra los derechos de los trabajadores e inmigración ilegal.
Corrupción policial
Tras la denuncia de un ex inspector jefe del grupo de Extranjería y Documentación por parte del propietario de un club de alterne por supuestamente intentar sobornarlo, la investigación alcanzó también a miembros de la policía, del ayuntamiento y abogados privados, uno de ellos juez sustituto y otro secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Los delitos por los que se les acusa incluyen prevaricación, favorecimiento de la prostitución, falsedad documental y cohecho.
De los 16 imputados en esta causa, -seis mandos o ex mandos policiales, cuatro responsables de burdeles, tres abogados, un ingeniero y dos funcionarios municipales-, hay cuatro en prisión. Uno de ellos, el ex jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif), Andrés O., mientras que los otros tres son responsables de los locales de alterne. Otros dos han salido en libertad previo pago de una fianza, de 2.500 euros en el caso del actual responsable de la Ucrif y de 5.000 euros para el comisario de la Policía Nacional Luis G.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, manifestó ayer que la detención de los dos funcionarios municipales «es un caso aislado» y afirmó que de confirmarse su implicación en esta trama de corrupción, el ayuntamiento se personará como acusación particular en la causa.