El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer un durísimo informe sobre la urbanización en España en el que acusa a las autoridades locales, autonómicas y estatales de permitir e incluso apoyar durante años la destrucción masiva de gran parte de la riqueza cultural, paisajística y natural del país. La ponencia, aprobada por 329 votos a favor, 110 en contra (entre ellos los del PP español) y 114 abstenciones (incluidas las del PSOE), advierte de que si no se pone fin a esa situación, la Eurocámara podría instar a la Comisión a «poner en reserva» los fondos estructurales y de cohesión destinados a España, que garantizan a Galicia inversiones por más de 3.100 millones de euros en el período 2007-2013.
«Espero sinceramente que no sea necesario aplicar esa medida», asegura la eurodiputada verde danesa Margret Auken, redactora de un texto que recuerda que la Comisión de Peticiones del Europarlamento lleva lustros recibiendo quejas sobre España de centenares de personas alarmadas o directamente afectadas por la sistemática vulneración de las normas urbanísticas y medioambientales de la UE: «Miles de europeos siguen siendo víctimas [en España] de un sistema de urbanización masiva que en muchas ocasiones ha ignorado sus derechos legítimos [...] al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el interior».
La Eurocámara sostiene que las investigaciones iniciadas a raíz de esas denuncias han puesto de manifiesto una situación tan insólita como insostenible: las islas y zonas costeras de España han sufrido «una destrucción masiva», que ha saturado regiones enteras «de cemento y hormigón» por culpa de «la avaricia y la conducta especulativa» de funcionarios y promotores corruptos, «que han conseguido sacar beneficios masivos de esas actividades».
Ese proceso se ha extendido por la desidia e incluso la participación de «autoridades locales y regionales irresponsables, a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada» que ha fomentado el desarrollo de «un modelo expoliador de bienes culturales que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española».
Justicia
El texto admite que los jueces han empezado a procesar a los responsables de que se hayan provocado «daños irreparables a la biodiversidad y a la integridad medioambiental de muchas regiones». Pero alerta de que los procedimientos judiciales «siguen siendo de una lentitud desmedida» y que las sentencias, en muchos casos, «no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos».
Por eso, los eurodiputados se muestran asombrados por la «alarmante falta de confianza» de los ciudadanos en la justicia española, y arremeten sobre todo contra los gobiernos autonómicos: «Su actitud ha sido como mucho condescendiente» cuando no « totalmente desdeñosa» con sus derechos.