El nuevo ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, ha dado los primeros pasos para encauzar y posteriormente desactivar el conflicto judicial, que mantiene viva la amenaza de una nueva huelga de jueces el 26 de junio próximo. Caamaño mantuvo el martes los primeros contactos informales con las asociaciones judiciales, con las que se reunirá conjuntamente y de forma oficial la próxima semana. En estos primeros contactos, el ministro se ha comprometido a asumir algunas de las principales reclamaciones de los jueces que habían sido rechazadas por su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo.
Francisco Caamaño se ha comprometido de entrada a asumir aquellas exigencias de los jueces que pueden ser abordadas a corto plazo y que no supongan un incremento del gasto, para a continuación abordar de forma conjunta un plan de reforma integral de la Administración de Justicia. Entre las exigencias de los jueces que el nuevo ministro ha mostrado su disposición a atender se encuentran la eliminación del traslado forzoso de destino que lleva aparejado un ascenso en la carrera; mantener la competencia del señalamiento de las vistas en manos de los jueces, y no de los secretarios judiciales, según está previsto en la reforma de la oficina judicial que tramita el Parlamento; la creación anual de 220 nuevas plazas de jueces; y una serie de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral.
Además de estas promesas, las asociaciones judiciales han valorado especialmente el talante del nuevo ministro. «La huelga del 26 de junio no está convocada, es un mero anuncio que se hizo por parte de las asociaciones, esperemos que no tenga lugar si las cosas funcionan y la negociación va viento en popa», declaró ayer a la agencia Efe el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
Primera reunión oficial
El primer encuentro oficial entre Caamaño y las cuatro asociaciones judiciales se celebrará probablemente el próximo miércoles, justo al día siguiente de una reunión que las organizaciones profesionales mantendrán con el Consejo General del Poder Judicial. Comienza así una nueva etapa en un conflicto que estalló el pasado mes de octubre, a consecuencia del malestar generado en la carrera judicial por las presiones políticas para que se elevara la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por su retraso en encarcelar a Santiago del Valle, el pederasta que acabó matando a la niña Mari Luz Cortés. Fue la gota que colmó el vaso del enfado de los jueces, que se consideran en realidad las víctimas de la nefasta situación de la Administración de Justicia, de la que culpan al Gobierno. Un hastío que tuvo su reflejo práctico el 18 de febrero, en la primera huelga de jueces que se registra en España, y que fue uno de los desencadenantes del relevo de Fernández Bermejo en el ministerio.
Más jueces
El principal cambio de postura de Caamaño se refiere a la competencia sobre los señalamientos. El proyecto de ley de la nueva oficina judicial, que se encuentra en fase de trámite en el Congreso, reserva esta función para los secretarios judiciales, lo que había encrespado a los jueces. Mientras Bermejo se había opuesto tajantemente a la exigencia de los jueces, Caamaño ya ha mostrado su intención de modificar el proyecto mediante una enmienda que presentará el Grupo Socialista.
Además, Caamaño está dispuesto a duplicar la creación de nuevas plazas judiciales prometidas por su antecesor (de entre 100 y 150 anuales a 220). En parte para reforzar los juzgados, pero también para atender las nuevas necesidades derivadas de las nuevas medidas de conciliación de la vida profesional y familiar que se ha comprometido a introducir a la mayor brevedad.