La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó ayer la decisión adoptada en julio del año pasado por el juez Fernando Grande Marlaska de no admitir a trámite la querella presentada por una joven catalana en la que se pedía la imputación de un total de 140 agentes de la policía municipal del Estado de Texcoco y de la Policía Federal Preventiva de los Estados Unidos Mexicanos por un delito de torturas y otros, incluyendo los de violación y agresión sexual.
La querella había sido presentada invocando el principio de justicia universal. La firmante es Cristina Valls Fernández, integrante de un colectivo internacional de solidaridad con la revolución zapatista, que fue expulsada de México con la prohibición de regresar en el plazo de cinco años.
Esta decisión se adopta apenas unos días después de la tomada por otro juzgado de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella contra un ex ministro y seis militares israelíes presentada en nombre de las víctimas de un bombardeo en Gaza en el año 2002.
El auto desestimatorio del recurso de Cristina Valls argumenta que la jurisprudencia sobre la aplicación de la jurisdicción universal extraterritorial en caso de torturas a un español en el extranjero exige que existan «indicios serios y razonables de la inactividad judicial que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad, para la persecución efectiva de los crímenes».
La sala entiende que en este caso, por el contrario, ha quedado acreditado que «México es un Estado democrático plenamente reconocido por España, en el que rige el imperio de la ley» y que se están llevando a cabo investigaciones tendentes a esclarecer los hechos objeto de querella, «lo que, por ahora, impide realizar cualquier otro pronunciamiento» en un tribunal español.