Ha asegurado que lo «relevante» en este caso es el hecho de que «se han realizado unas investigaciones éticamente reprochables e ilegales».
22 ene 2009 . Actualizado a las 21:01 h.El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no atribuirá responsabilidades en el espionaje a cargos públicos denunciado esta semana hasta escuchar las explicaciones que dé el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ante la Asamblea regional.
En rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno municipal, el alcalde ha declarado: «sabemos que las personas (que han realizado los seguimientos) estaban adscritas a una unidad de la comunidad autónoma pero no sabemos si lo hicieron siguiendo instrucciones, a quién dieron esa información o si lo hicieron en connivencia con otros. Lo que tenemos es ganas de saber», ha asegurado.
A su juicio, de la lectura de los informes que está publicando un diario nacional, «solamente se puede llegar a dos conclusiones: una, que fueran falsos, pero si son auténticos los propios autores de los informes se confiesan parte integrante de la comunidad autónoma», «se declaran -ha añadido más tarde- pertenecientes a una unidad de investigación de la comunidad».
Pese a este reconocimiento, Ruiz-Gallardón cree que es «prudente y obligado esperar a que se produzca la explicación que, a petición propia, ha solicitado el consejero Granados ante la Asamblea de Madrid».
«Allí será donde sabremos si estos hechos se han producido, si se han producido por estas unidades y quiénes son los responsables, quiénes lo han ordenado y quiénes las realizaron materialmente y ante quién dieron los resultados de este tipo de investigación».
Eso sí, cuando se conozcan las respuestas a estas preguntas, que también pueden llegar, ha dicho, a través de una investigación interna de la comunidad -no del PP, al menos mientras ninguno de los implicados pertenezca al partido- o de la justicia, «los responsables, quien haya sido al nivel que haya sido, tendrá que asumir sus responsabilidades».
Con el mismo argumento de la falta de datos, Ruiz-Gallardón se ha negado a respaldar la afirmación del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, de que el acceso de las personas que realizaban los seguimientos a la base de datos de tráfico apunta a la «connivencia del Ministerio del Interior».
Ruiz-Gallardón, que durante la rueda de prensa se confundió una vez al hablar de «unidad paramilitar» en lugar de «parapolicial», ha defendido que lo «relevante» en este caso no es el motivo de los seguimientos ni la identidad de las personas espiadas sino el mismo hecho de que «se han realizado unas investigaciones éticamente reprochables e ilegales», en las que además se habría incurrido en malversación de fondos si se hubiera financiado con dinero público.
En esta línea, no ha querido vincular «en absoluto» los seguimientos con «diferencias» entre administraciones, por ejemplo sobre Caja Madrid, como ha hecho el Gobierno regional.
También ha asegurado no tener sospecha de que alguien más del Ayuntamiento haya sido espiado, entre otras cosas porque no tienen más información que la que publican los medios de comunicación.