El Gobierno ha resuelto aplazar el debate sobre el estado de las autonomías que debería celebrarse antes de fin de año en el Senado. El Ejecutivo aduce razones formales y de fondo para aplazar el encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y los gobernantes de las comunidades, una reunión que ya ha solicitado el Grupo Popular en la Cámara alta.
El debate sobre el estado de las autonomías es una cita que no es del agrado de los jefes del Gobierno, sean del color que sean. Felipe González, en sus casi 14 años de mandato, celebró uno, en 1994; José María Aznar, en sus dos legislaturas, también se limitó a convocar otro, en 1997, y Rodríguez Zapatero lleva el mismo camino, pues en sus primeros cuatro años en la Moncloa solo acudió a una cita de este tipo, en el 2005. Y eso que el reglamento del Senado es taxativo al fijar su celebración anual durante el primer período de sesiones. Y así lo pidió el día 18 el PP a la Mesa del Senado, que elevó la petición a la Moncloa. Fuentes gubernamentales no ven oportuno convocar la reunión en plena negociación del modelo de financiación autonómica, porque solo serviría para «enredar» más las ya de por sí complicadas conversaciones de Solbes con los consejeros de Economía.
Sucesión de monólogos
En la Moncloa ven, además, problemas formales. La solicitud, a diferencia de otras ocasiones, no concita unanimidad entre los grupos del Senado. Solo el PP ha puesto el asunto sobre la mesa, pero sin el respaldo de ninguna otra formación. El Gobierno también alega que el actual formato no ayuda, porque el debate se convierte en una interminable sucesión de discursos, primero del jefe del Ejecutivo, y después de 16 presidentes autonómicos, ya que el lendakari suele ser un ausente habitual, de los gobernantes de Ceuta y Melilla, y de los portavoces parlamentarios.
Para el portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero, estos razonamientos no son más que «palabrería», porque este momento es «oportunísimo» para celebrar el debate, y sugirió que la financiación autonómica, y los recursos para la sanidad y la educación podrían constituir la agenda de la convocatoria.