Las asociaciones de familiares critican la resolución y promoverán las exhumaciones

Agencias

ESPAÑA

08 nov 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

La mayor asociación de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo recurrirá la decisión judicial de anular las autorizaciones de exhumaciones y continuará abriendo fosas comunes, ya que considera que se trata de una decisión política. «Vamos a recurrir la decisión de la sala», aseguró Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Silva agregó: «Vamos a seguir adelante» con la apertura de fosas comunes, ya que «no hay ninguna ley que nos lo pueda impedir» y porque «tenemos toda la legitimidad del mundo y las familias también».

En cuanto a la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca, a lo que su familia es reacia, Silva recordó que esta «se puede oponer legalmente y no lo ha hecho». «Si quieren dejar el cuerpo allí, lo pueden hacer», pero precisó que «un delito no se resuelve si a un familiar le apetece o no; el delito se investiga por ley».

Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta granadino, se limitó ayer a expresar su «respeto» a cualquier decisión judicial. La portavoz oficial de la familia explicó que solicitaron personarse en la causa para estar informados de todo el proceso y para, llegado el momento de la apertura, «tener el derecho de estar ahí y solicitar unas medidas de intimidad y privacidad».

Martirio para las víctimas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada acogió con «decepción» la decisión de la Audiencia Nacional. «Es como si tuvieran que seguir martirizando a las víctimas en las personas de sus familiares», dijo el presidente de la asociación, Francisco González, quien manifestó no obstante que acatan la decisión con la confianza de que la Justicia tenga finalmente la «sensibilidad suficiente» como para que la aspiración de los parientes de los desaparecidos se cumpla.

El presidente del Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, considera «inaceptable» la decisión de la Audiencia Nacional, un órgano que en su opinión debe asumir definitivamente un papel institucional en este asunto y «facilitar el esclarecimiento de los crímenes franquistas».