A pesar de que todavía no se ha pronunciado sobre si se considera o no competente para la instrucción de la causa, lo que le impide resolver sobre la práctica de diligencias solicitadas por las partes personadas, el magistrado Baltasar Garzón sigue adelante con su particular batalla en pro de la recuperación de la memoria histórica de los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil.
Ayer hizo pública una nueva providencia en la que ratifica y amplía el contenido del auto del pasado 28 de agosto. De entrada, ordena la formación de piezas separadas de víctimas por comunidades autónomas, otra de datos de la Administración general y organismos autónomos y una tercera de notificaciones. Al mismo tiempo, el juez Garzón requiere a las partes personadas para que en el plazo de una semana aporten un listado único con los nombre de personas desaparecidas.
A la vista de que en la respuesta de la Conferencia Episcopal a su anterior escrito en el que pedía que se facilitase el acceso de la Policía Judicial a los libros de difuntos de todas las parroquias de España, el órgano de gobierno de los obispos dice que eso es competencia del titular de cada diócesis.
Atento oficio
Garzón insiste y pide que «en aras a la colaboración con la Administración de Justicia se dé traslado del mismo a los ordinarios de las diferentes diócesis, con el fin de que estos impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y registros respectivos de su jurisdicción para que, guardando la debida confidencialidad, aporten la información requerida».
Al abad del Valle de los Caídos, al que le había solicitado una relación de las personas allí enterradas, así como de su procedencia, le remite ahora un «atento oficio» para que «en plazo razonable pero urgente, evacúe contestación y proceda al cumplimiento de lo solicitado».
Ante la respuesta recibida del Archivo General de la Administración sobre la localización de documentación relacionada con los muertos y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936, «como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional», Garzón, en la providencia de ayer pide documentos concretos.
De los dos bandos
Reclama en primer lugar los fondos judiciales de los Tribunales de Justicia de Madrid desde 1936. Se refiere en concreto a los tribunales creados durante la defensa de Madrid en la Guerra Civil: Jurado de Urgencia, Juzgado Especial de Rebelión Militar, Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y Tribunales Jurados Populares. Todos ellos dependientes del Gobierno de la República.
Con esta petición está haciendo extensiva la investigación a los muertos y desaparecidos de los dos bandos enfrentados por la contienda civil. Referentes a esa misma época, reclama al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid el registro de expedientes de desaparecidos entre 1939 y 1948 y se dirige también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el archivo central de los juzgados madrileños facilite la relación de personas sobre las que se hubieran tramitado expedientes de desaparición durante la Guerra Civil.
No conforme con todo la anterior, Garzón reclama de los fondos del antiguo Ministerio de la Gobernación las normas y expedientes de traslados de restos al Valle de los Caídos de los años 1958 a 1968, así como los del Gobierno Civil de Madrid sobre el mismo tema.
A la Dirección General de Prisiones le reclama el fichero de penados y el de libertad condicional. Del Ministerio de Asuntos Exteriores reclama los fondos documentales de la representaciones diplomáticas del Gobierno de la República en el exilio -ficheros de exiliados y repatriados- existentes en la Embajada de España en México.
A la Administración central le pide que a través de la vicepresidencia del Gobierno aporte datos sobre los expedientes de separación de la función pública durante y después de la guerra. También le reclama datos relacionados con jurisdicciones especiales como el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal de Orden Público y los Juzgados de Orden Público y la relación de sindicalistas desaparecidos.