Magdalena Álvarez afirma que no había motivos para dudar de la seguridad de los aviones de la compañía
30 ago 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Magdalena Álvarez repitió varias veces que no podía decir nada sobre el accidente para no inmiscuirse en la labor de la comisión de investigación. Sin embargo, nada más iniciar su larga intervención ante la Comisión de Fomento del Congreso proporcionó un dato significativo. Spanair avisó al Centro de Gestión Aeroportuaria de Barajas de la posibilidad de sustituir el MD-82 siniestrado por otra aeronave una hora antes de que se produjera la catástrofe que costó la vida a 154 personas. Esto sucedió después de que el piloto decidiera no despegar al detectar una avería en la sonda que mide la temperatura exterior, que fue «aislada» por técnicos de mantenimiento de la compañía. Tras sopesar la posibilidad, Spanair volvió a llamar al centro para comunicar que desistía de realizar el cambio y seguía adelante. La ministra quiso dejar claro que la decisión fue única y exclusivamente de la línea aérea.
Álvarez realizó una cronología de la catástrofe aérea en la que solo incluyó esa novedad, que plantea aún más dudas sobre si el Sunbreeze estaba en condiciones de volar. También afirmó que Fomento no tenía ningún motivo para pensar que Spanair no reuniera las condiciones de seguridad necesarias y restó importancia a la crisis económica que sufre la empresa.
Explicó que el plan de emergencias funcionó y que a los tres minutos de producirse el accidente ya había bomberos de Aena extinguiendo el fuego y rescatando a las víctimas. Pero, sobre todo, se centró en analizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y control de los aviones en general, de los de Spanair en concreto y del MD-82 siniestrado en especial. Reveló que la última inspección de este avión se hizo el 17 de julio en Santiago de Compostela, dentro del programa de revisiones aleatorias en rampa y presentó una «discrepancia menor que no afecta a la seguridad».
La ministra llegó al Congreso provista de numerosos datos sobre el sistema de control aéreo español, con el objetivo de lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a la opinión pública y de que el Gobierno llegará «hasta las últimas consecuencias» para esclarecer lo que pasó y exigir responsabilidades. Insistió en que España sigue los protocolos de actuación europeos, tiene además algunos propios y está al nivel de los países punteros. En todo caso, se mostró dispuesta a analizar y mejorar en lo posible los controles existentes.
Refutó las informaciones que aseguran que solo hay dos inspectores que sean funcionarios, que fueron retomadas por algunos diputados. Así, negó que exista como tal un cuerpo facultativo de inspectores y dijo que a día de hoy hay 272 personas dedicadas a labores inspectoras, 169 de ellas pertenecientes a la Dirección General de Aviación Civil y otras 103 están subcontratadas a la empresa pública Senasa.
El tono del debate fue muy sosegado. Soraya Sáenz de Santamaría se comprometió a que el PP no va a «acosar» al Gobierno con el accidente, porque «no es legítimo utilizar el dolor de nadie». Más crítico fue Gaspar Llamazares (IU), que dijo que la ley de seguridad aérea se incumple «de la A a la Z». CiU y PNV reclamaron confianza en el sistema, mientras el diputado de Coalición Canaria, José Luis Perestelo, se planteó pedir una comisión de investigación.