La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ve importantes interrogantes sobre la investigación.
-Ninguna autoridad judicial española viajó a Afganistán tras el accidente.
-El entonces ministro de Defensa, José Bono, se desplazó a Afganistán al día siguiente de la tragedia. Una «interferencia política» en la redacción del atestado.
-Los interrogatorios de los testigos no se transcribieron y en ellos participó el Centro Nacional de Inteligencia.
-El auto judicial del archivo no menciona una reivindicación de un grupo talibán.
-No se certificó la inspección ocular de la policía afgana de posibles indicios que apuntaban la presencia de civiles a unos 60 metros de la zona de impacto.
-La tripulación del helicóptero que iba detrás del siniestrado no prestó declaración por separado.
-¿Qué llevó a destruir los restos del Cougar pocos meses después del siniestro?
-El auto asigna la condición de piloto del primer aparato a varias personas.