Cataluña creará centros específicos para inmigrantes recién llegados

Laura L. Ruiz

ESPAÑA

Los niños y jóvenes extracomunitarios no estarán escolarizados mientras aprenden la lengua y la cultura en los llamados espacios de bienvenida educativa

20 jul 2008 . Actualizado a las 23:27 h.

El proyecto del consejero de Educación catalán Ernest Maragall, bautizado eufemísticamente como espacios de bienvenida educativa (EBE), se presentó hace apenas una semana y ya ha cosechado opiniones dispares de todos los sectores implicados. Mientras las asociaciones de inmigrantes, agrupaciones de padres, alumnos y profesores, sindicatos y varias fuerzas políticas tachan de medida discriminatoria los planes, otros los aplauden, como el Gobierno de Canarias, que se plantea secundarlo.

El proyecto pretende completar el sistema de aulas de acogida que actualmente funciona en Cataluña -semejantes a las aulas de enlace en Madrid o el plan andaluz de educación de inmigrantes-, pero con la diferencia de que estos nuevos centros estarán fuera del sistema escolar.

Una medida que afectará a inmigrantes de entre 8 y 18 años que lleguen a mitad de curso y desconozcan el idioma, las normas de la sociedad y la cultura de su nuevo lugar de residencia. Tendrán cuatro horas de enseñanza, que se complementarán con actividades de los planes educativos del entorno.

De los cuatro primeros centros, tres estarán en Reus (Tarragona) y uno en Vich (Barcelona), ambas, poblaciones con un alto porcentaje de población extracomunitaria. Por este motivo, el sindicato ANPE advierte que «la integración solo puede conseguirse con una escolarización equilibrada», donde los recién llegados se mezclen con los ya escolarizados. Los sindicatos UGT y FETE Enseñanza se declaran igualmente en contra, ya que «atenta contra el derecho fundamental de las personas a recibir educación obligatoria y gratuita sin menoscabo de su nacionalidad o procedencia». Y es que la actual Ley Obligatoria de Educación (LOE) advierte en varios artículos que los programas específicos para los estudiantes con carencias educativas deberán «ser simultáneos a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios».

Por esta «contradicción», como la califican diversos agentes sociales, el Gobierno catalán rectificó a los pocos días de la presentación y recalcó la voluntariedad de asistir o no a este refuerzo. Entonces, pasó de ser una decisión de una oficina de escolarización a ser decisión de los padres, quienes podrán acogerse a este recurso mientras esperan a tener plaza en un centro y ampliar el tiempo de permanencia en los EBE si lo desean.

Mucho más rotundos se muestran desde SOS Racismo, que exigen «la retirada de los espacios segregadores que marcan como un estigma a la inmigración, a pesar de la amable nomenclatura que oculta un racismo constitucional».

Tiempo ilimitado

Dentro del tripartito también se oyen voces en disonancia con la iniciativa del PSC. Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) no ha respaldado incondicionalmente la medida y ha pedido que se concreten ciertos aspectos. «Es imprescindible limitar el tiempo», afirmó la responsable de educación del partido, Dolors Camats, además de reiterar que «no debe cambiar el modelo de diversidad existente», que califica de positivo.

Otras dos fuerzas políticas se pronunciaron ante la propuesta en el último pleno del Gobierno catalán, el pasado miércoles. El PP catalán pidió una comparecencia de Maragall, mientras que Ciutadans criticó «la segregación en función de la nacionalidad del alumnado».

También el Defensor del Pueblo manifestó su preocupación. «Pediremos de oficio a la Generalitat que informe sobre el proyecto», ya que «vemos que a todo el mundo le preocupa la experiencia», explicó María Luisa Cava de Llano, adjunta primera de la institución.