Amnistía Internacional (AI) cree que «España ha fracasado» en su promesa de llevar a la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos por su forma de conducir sus políticas interior y exterior. En la presentación de su informe anual, que se publica hoy miércoles en todo el mundo, la presidenta de la sección española de este organismo, Itziar Ruiz-Giménez, denunció que la tortura «no es sistemática, pero es una práctica constante y extendida en todo el territorio» español, y acusó a las autoridades de amparar «la impunidad», al no hacer todo lo posible por aclarar los casos denunciados.
En su informe, AI documenta, país a país, las prácticas que considera «motivo de preocupación» y destaca los casos de personas concretas que han padecido prácticas cuando menos sospechosas. La denuncia de Amnistía se produce una semana después de la aprobación por el Parlamento vasco de una resolución en la que acusa al Gobierno central de no tomar medidas para evitar el maltrato a los detenidos, iniciativa que provocó el rechazo de los principales partidos.
Amnistía Internacional destaca que en España, entre enero y diciembre del 2007, los informes sobre torturas «por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando extendidos». También asegura que «ni los organismos a los que pertenecían los agentes [denunciados] ni las autoridades judiciales investigaron tales casos con arreglo a las normas internacionales, lo que en la práctica dio lugar a situaciones de impunidad».
Terrorismo
Como ejemplos, AI señala las denuncias de tortura presentadas en el 2007 por personas detenidas un año antes por cargos relacionados con el terrorismo de ETA. Durante la investigación, detalla el informe, algunas de ellas contaron al juez de instrucción «que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación». Pese a la promesa gubernamental de aclarar lo sucedido, AI denuncia que «al final del año no se tenía conocimiento de que se hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias».
AI destaca también la levedad de las penas impuestas en abril del 2007 a tres guardias civiles que fueron declarados culpables de la muerte, en el cuartel de Roquetas de Mar, del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida en el 2005 durante una pelea con varios agentes. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue condenado «por un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y una falta de lesiones» a 15 meses de cárcel y a tres años de inhabilitación, y cinco agentes fueron absueltos.