El Parlamento vasco aprobó ayer una iniciativa en la que acusa al Gobierno central de «amparar sin excepción» y de forma sistemática a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas o malos tratos de detenidos, y le pide que cese en la concesión de indultos a agentes condenados por ello. La proposición, presentada por Aralar, formación que se escindió hace años de Batasuna por no condenar la violencia etarra, fue debatida pese a que desde el PSE-EE, su portavoz, José Antonio Pastor, respaldado por el PP, pidió a Aralar que pospusiese su discusión para no empañar la imagen de unidad que han dado los partidos tras el asesinato de Juan Manuel Piñuel.
Los argumentos de los socialistas no fueron atendidos y la moción fue finalmente debatida y aprobada ayer con los votos a favor de los grupos del tripartito (PNV, EA y Ezker Batua), de Aralar y el Partido Comunista de las Tierras Vasca, y en contra del PP y del PSE-EE.
En la resolución, el Parlamento vasco «reprueba la postura que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales». Asimismo, critica «especialmente el total amparo» ofrecido por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ocho guardias civiles que fueron implicados en las denuncias de torturas de los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola.
Sinceridad de la condena
Además, hace un llamamiento para que el Gobierno adopte las medidas «necesarias para garantizar los derechos humanos», como la derogación de los artículos legales que permiten la incomunicación de los detenidos o la grabación en vídeo de su estancia en dependencias policiales. Por último, aboga porque cuando se produzca una denuncia de tortura, el Gobierno realice una investigación interna y dé una «respuesta acorde a un Estado de derecho garantista».
También salió adelante una enmienda de adición del tripartito en la que se exige al Gobierno central que cese la práctica de la «concesión sistemática de indultos» a las personas condenadas por delitos de torturas.
Tras defender que «la tortura no cabe en la Constitución», el socialista José Antonio Pastor se cuestionó «si el acto del jueves [en referencia al homenaje en la Cámara autonómica a Juan Manuel Piñuel] o el de ayer [de repulsa unitaria de todos los partidos, excepto el PCTV, contra el atentado contra la casa cuartel de Legutiano] se hace con sinceridad y convencimiento o es una pose escénica para no tener males mayores».
En la misma línea, Carlos Urquijo, en representación del Partido Popular, advirtió de que «no se puede estar ayer en un acto de homenaje al guardia civil asesinado y hoy venir aquí a arrojar la sombra de la duda y cuestionando el honor de la Guardia Civil».
Gema González de Txabarri, en representación del PNV, argumentó que «el Estado de derecho debe seguir funcionando», y denunció que «en España hay impunidad en los casos de malos tratos, y no solo en los referidos a delitos de terrorismo».