«Una de las carencias más significativas que presentan los juzgados penales de ejecutorias es la ausencia de un sistema informático propio que permita controlar las distintas fases de los procedimientos», asegura el informe en un apartado específico dedicado a las aplicaciones informáticas. Esto muestra la importancia que le da el servicio técnico del CGPJ a la repercusión muy negativa de esa carencia en el funcionamiento de los juzgados penales.
Por ello, considera «necesaria e imperiosa su pronta implantación». Los inspectores estiman que el sistema debería establecer «una serie de alarmas, de modo que generasen avisos automáticamente». De esta forma avisarían al magistrado, el secretario judicial y los funcionarios que tienen a su cargo los expedientes de las variaciones que se van produciendo. Y cita las más relevantes: prescripciones de buscas y capturas, liquidaciones, licenciamientos o suspensiones de penas privativas de libertad, extinción de privaciones de otros derechos, incumplimientos o abonos de pago de penas económicas.
Asimismo, considera imprescindible que la aplicación informática permita la obtención de cuantos informes o listados sean necesarios.
Por ello, insta al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas a «la creación e implantación de un sistema informático procesal propio» para los juzgados encargados de ejecutar las sentencias penales. Esta es la primera medida de carácter estructural que propone el servicio técnico. Además de la implantación del sistema informático propio, las propuestas del CGPJ incluyen el diseño de protocolos concretos para mejorar los procedimientos; el incremento de juzgados específicos y plantillas en Barcelona, Valencia, Palma y Bilbao, y el estudio de su extensión a otras ciudades; y la realización de una nueva radiografía del problema, aún más profunda y completa, en el 2008, que permita tomar decisiones definitivas.
El servicio de inspección concluye que la creación de juzgados específicos de ejecución de sentencias ha sido positiva, porque ha unificado los procedimientos y ha liberado de trabajo a los ordinarios, pero añade en sus conclusiones que, tras menos dos años de funcionamiento, «ya están colapsados». Les faltan jueces y secretarios judiciales, necesitan más funcionarios y mejor preparados, y les urge un sistema informático eficaz y específico para su labor.