Justicia amenaza con descontar de las nóminas los días perdidos en mes y medio de huelga

Melchor Saiz-Pardo

ESPAÑA

Un mes y medio de huelga y diez fallidas mesas de diálogo han colmando la paciencia de Mariano Fernández Bermejo. El ministro de Justicia tachó de «muy intransigente» la actitud de los sindicatos y amenazó con endurecer las negociaciones. Su departamento ya estudia aumentar los servicios mínimos y descontar de las nóminas todas las jornadas perdidas de manera automática (no a plazos) si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.

Fernández Bermejo se reunió ayer con los secretarios de gobierno de las siete autonomías afectadas por la huelga: Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Baleares y Extremadura, las comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia.

Tras el encuentro denunció el incumplimiento del compromiso de los sindicatos de responder a la última oferta de la Administración central para desbloquear la situación: aumentar 180 euros lineales a todos los funcionarios, una propuesta muy alejada de los 400 euros mensuales que los trabajadores dependientes de Justicia reclaman para igualar sus sueldos a los de sus colegas en las demás comunidades autónomas.

Según el ministro, los sindicatos, a pesar de su promesa, no se han comprometido a que esos aumentos salariales vayan ligados a una mayor productividad, a luchar contra el absentismo y al aprendizaje de técnicas informáticas.

El ministro, que insistió en que su disposición al diálogo sigue siendo «absoluta» a pesar de la negativa de los sindicatos a sentarse a la mesa, aseguró que el seguimiento de la huelga va perdiendo fuelle. Así, explicó que los últimos datos apuntan a que solo el 35% de los funcionarios del denominado territorio ministerio (comunidades no transferidas y tribunales centrales) sigue secundando los paros, cuando esta proporción era de un 41% al principio de la huelga.

El máximo responsable de Justicia reconoció que la huelga hasta el pasado 7 de marzo había provocado la suspensión de 41.000 actuaciones judiciales, si bien en las primeras semanas de paros se habían celebrado cerca de 7.000 juicios.