Los ciudadanos chilenos y mexicanos que desde febrero entran en España con visado de turista no deben demostrar que tienen medios económicos suficientes para subsistir sin trabajar durante su estancia. Esta exigencia, básica para el control de la inmigración ilegal, ha sido suprimida por el Ejecutivo sin consulta previa a la UE y sin informar a Bruselas. El Gobierno sostiene que motivos de «interés nacional» hacen necesaria esta «discriminación positiva» sin precedentes en la política de extranjería. Sin embargo, al mismo tiempo, ha recrudecido las expulsiones de otros ciudadanos latinoamericanos, en particular brasileños.
El pasado 12 de febrero, los secretarios de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez; de Inmigración, Consuelo Rumí, y de Seguridad, Antonio Camacho, firmaron una resolución conjunta en la que ordenan «que a los nacionales de México y Chile no se les exija de manera sistemática la acreditación de medios económicos para efectuar su entrada en España». Hasta ahora no había excepciones a este requisito para todos los extracomunitarios que entran en España, incluso para los nacionales de países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Japón. Todos tenían que probar que disponían de al menos 60 euros diarios.
En su resolución, los tres altos cargos del Gobierno justifican el trato preferente a chilenos y mexicanos por el hecho de que la «presión migratoria» no es excesiva. Fuentes del Interior informaron de que el Gobierno invoca el reglamento europeo del 2006 sobre control de fronteras, que permite a los Estados «autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países» por «motivos humanitarios», «obligaciones internacionales» o razones de «interés nacional».