El Tribunal Supremo acepta que no acuda a los comicios del 9-M pero rechaza la suspensión
09 feb 2008 . Actualizado a las 11:40 h.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tras casi tres años de investigación, ordenó ayer la exclusión de las listas de ANV de las elecciones generales del 9 de marzo y la suspensión por tres años, prorrogables otros dos, de todas las actividades de esa formación y del PCTV.
El magistrado considera que esta medida es la única que permite «neutralizar» la actividad delictiva de ambos partidos, que «han aceptado ser el instrumento el ETA para mantener viva a Batasuna, su frente político» y burlar la ilegalización.
Sin embargo, la Sala Espacial del Tribunal Supremo que vigila el cumplimiento de la Ley de Partidos, acordó no suspender las actividades de ambas formaciones. Los términos de la decisión judicial se conocerán en los próximos días, cuando se difundan las resoluciones que preparan dos de sus magistrados, pero en lo sustancial rechazan las pretensiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, salvo que aceptan cortar toda financiación pública que corresponda a ambas formaciones y prohíben a ANV presentar candidaturas a las elecciones generales. ?
No incluye ayuntamientos
Aunque la Abogacía del Estado había reclamado, al final sin éxito, la disolución cautelar del grupo parlamentario del PCTV en la cámara de Vitoria, así como la de todos los grupos de ANV en los ayuntamientos y juntas generales del País Vasco y en los consistorios navarros, Garzón no reclama en su auto la disolución de ninguno de ellos, aunque sí les prohíbe cualquier actividad de grupo externa a las instituciones para que fueron elegidos.
El magistrado además va a pedir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que reclame al Parlamento de Vitoria levantar la inmunidad de las responsables del PCTV, Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, para que puedan ser acusadas de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita, y enjuiciadas en el tribunal vasco.
Según Garzón, los dos partidos «se han convertido en los últimos tres años en un instrumento político en manos de dirigentes de Batasuna y en un medio económico para cumplir con sus fines terroristas».