Una irregularidad policial impidió utilizar una prueba de ADN para condenarlo por un atentado en el 2005
08 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.Miembros de los Grupos de Acción Rural (GAR) de la Guardia Civil detuvieron a las 20.30 horas del jueves en un control antiterrorista a Gorka Joseba Lupiáñez Mintegi, un presunto miembro liberado (a sueldo de la banda) del comando Vizcaya de ETA. El arresto, que no guarda relación alguna con la detención en Francia de los dos acusados de asesinar a los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno, tuvo lugar en un paraje del municipio vizcaíno de Berriz.
El activista, natural de la localidad vizcaína de Durango y de 27 años, portaba documentación falsa y fue detenido cuando los agentes descubrieron en el registro de su automóvil que llevaba un arma de la que no intentó hacer uso.
En su primera declaración, el detenido aseguró que no pertenece a la organización terrorista, si bien reconoció que en el momento de su captura se dirigía al monte Artxanda, en Bilbao, para entregar a un activista de ETA el revólver que llevaba. Según mandos de la lucha antiterrorista, los investigadores no han creído en ningún momento la versión de Gorka Lupiáñez, al que encuadran en las estructuras del comando Vizcaya.
En el momento de su detención, Lupiáñez se encontraba en libertad provisional, a la espera de ser juzgado el próximo mes de enero en la Audiencia Nacional. El presunto terrorista se enfrenta a tres años de cárcel por un delito de daños y otros dos de desórdenes públicos por varios ataques con cócteles molotov contra cajeros en Vizcaya.
Lupiañez ya había sido imputado en otras tres ocasiones por delitos terroristas, aunque siempre salió absuelto. La primera vez fue en junio del 2004. El presunto terrorista se enfrentaba a 13 años de cárcel por colaboración con banda armada y depósito de explosivos, pero la Audiencia Nacional nunca pudo probar que estuviera relacionado con varios explosivos encontrados en una garaje de Elorrio (Vizcaya).
Falta de pruebas
El 27 de mayo del 2005, la Fiscalía de la Audiencia Nacional retiró por falta de pruebas la acusación que pesaba contra él por daños terroristas y estragos contra la vida. Las fuerzas de seguridad hasta entonces acusaban a Lupiáñez de haber participado en el lanzamiento de 45 cócteles molotov el 1 de enero del 2000 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Galdácano, también en Vizcaya. Al no haber acusación, el tribunal se vio obligado a absolverlo por segunda vez.
La tercera vez que pasó por la Audiencia Nacional fue en junio del 2005. Y también fue absuelto por una irregularidad policial. Al presunto terrorista se le juzgaba por daños terroristas y tenencia de explosivos por participar en un ataque en Durango en octubre del 2000. La Ertzaintza llegó a Lupiáñez tras extraer el ADN de un pañuelo utilizado en el sabotaje y compararlo con el perfil genético del sospechoso que se extrajo de un escupitajo que lanzó Lupiáñez y que fue recogido por un policía autonómico del suelo. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional consideró que esta prueba no era válida al no haberse obtenido con autorización judicial.